Las lecciones fiscales de la tragedia de Adamuz

Los impuestos se justifican por el gasto público. Si no hubiese necesidades públicas, no habría que pagar impuestos. Precisamente por eso, cuando la gestión pública falla, cae la conciencia fiscal. Por eso, no resulta extraña la queja tras el accidente ferroviario de Adamuz, señalando que era inadmisible «con los impuestos que pagamos». En otras catástrofes, este tipo de mensajes tuvieron menos eco. Y la razón fundamental no es que entonces pagásemos menos impuestos —lo que es cierto, ya que la recaudación fiscal está en máximos—, sino que no había esta percepción de empeoramiento generalizado de los servicios públicos.

Por ejemplo, en los últimos meses y años, los retrasos y averías en los trenes AVE, que antes eran un orgullo nacional, han aumentado sustancialmente. Es cierto que, si hay más frecuencia de trenes en una línea, es más fácil que cualquier imprevisto ocasione retrasos. Pero estamos ante un problema general, y no hay que pensar más que en el estado de conservación de muchas carreteras o en el apagón de hace unos meses. En el caso concreto del tren, los retrasos e incidencias en Cercanías son un motivo de queja habitual, y este transporte se utiliza masivamente a diario para ir a trabajar.

Usted se preguntará dónde está yendo el dinero. Si uno se para a mirar los datos, como ya escribí en THE OBJECTIVE hace poco, la respuesta se puede sintetizar en una palabra, y es en pagar pensiones. El coste del envejecimiento de la población hace que cada vez nos gastemos más dinero en pensiones, y también en sanidad y dependencia. Pero, desde un punto de vista de distribución entre Administraciones, el panorama es el siguiente: la Seguridad Social gasta cada vez más, y las comunidades autónomas, que gastan un 76 % de su presupuesto en sanidad, educación y servicios sociales (entre ellos la dependencia), también. Donde se destina proporcionalmente cada vez menos gasto es en la Administración General del Estado.

Parece que el Estado recauda mucho y tiene para gastar. Sin embargo, si del importe total del gasto estatal descontamos el pago de intereses, las transferencias y la cesión de impuestos a las comunidades autónomas y entidades locales, y las transferencias a la Seguridad Social, queda bastante poco. De hecho, de acuerdo con los datos de 2023, a la totalidad de las funciones de la Administración General del Estado se destinaron 50.000 millones de euros, menos de una cuarta parte del gasto autonómico ese año. De aquí hay que sacar no solo el gasto en policía, defensa, Unidad Militar de Emergencias o servicio exterior, sino toda la inversión estatal. Por cierto, si usted cree que de aquí no es posible sacar 21.000 millones adicionales para la nueva financiación autonómica, por supuesto está en lo cierto, pero esa es otra cuestión de la que hablaremos otro día.

Esto no acaba aquí, porque, además, no se invierte lo suficiente. Se dedica más dinero al gasto corriente, muchas veces clientelar, que a la inversión. Dentro de la inversión, se priorizan los nuevos proyectos sobre la conservación y el mantenimiento. Y todo esto ha ocurrido en estos años en los que España disfrutaba de los fondos Next Generation. Recordemos que ADIF ha sido la entidad que más dinero ha percibido de los fondos europeos. A 31/10/2025, entre ADIF y su filial ADIF Alta Velocidad habían percibido más de 5.876 millones de euros de los fondos europeos (fuente web oficial del PRTR).

Es cierto que estos importes no podían ir directamente a mantenimiento, pero sí podían liberar fondos para esas partidas. A partir de ahora, cuando ya no disponemos de ese maná, habrá que ver cómo pagamos no solo las nuevas inversiones, sino el mantenimiento de nuestra red ferroviaria convencional y de la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo, suponiendo que en algún momento vuelva a ser de alta velocidad.

Evidentemente, tras la queja de que todo esto es inaceptable, «pagando más impuestos que nunca», más que un lamento por considerar demasiado elevados los impuestos, lo que hay es un descontento por la gestión pública. Esto, aunque no lo parezca, tiene poca ideología. No es una postura especialmente de derechas, sino simplemente crítica con la gestión del dinero público.

Como señalaba el antiguo magistrado del Tribunal Supremo norteamericano Oliver Wendell Holmes, «los impuestos son el precio que pagamos por la civilización». En la selva no existen los impuestos. Vivir en la jungla puede ser más peligroso, pero es más barato. Y hay un principio civilizatorio básico, que es que las infraestructuras se mantienen. Una de las manifestaciones más evidentes del ocaso de una civilización es que las infraestructuras dejan de mantenerse. Cuando los impuestos no se perciben como el precio de la civilización, sino como lo que pagamos por la ineficacia y la corrupción, no podemos esperar que la conciencia fiscal se mantenga.

Para concluir, una reflexión final: parece que no solo se ha postergado el mantenimiento, sino también una mínima prudencia. Se ha olvidado el principio básico de que la seguridad no es negociable. Mantener una vía de alta velocidad es más caro que mantener una vía convencional y, por supuesto, que asfaltar una carretera. Pero, en cualquier caso, si eso no se hace, el riesgo de accidente es más elevado cuanto mayor es la velocidad. Los riesgos existen, pero hay que gestionarlos. Si hay problemas en una vía y tenemos más incidencias y descarrilamientos que en otros países, se están corriendo más riesgos. Y hay que ser conscientes de ellos, pero parece que solo lo eran los maquinistas. Era una cuestión de tiempo, y de mala suerte, que los riesgos se materializasen en una catástrofe.

Se pueden construir nuevas líneas de alta velocidad o no. Al igual que se pueden construir centrales nucleares o no. Pero lo que no se puede hacer es poner unas u otras en funcionamiento sin las medidas de seguridad necesarias. Pensemos simplemente que el peor accidente nuclear de la historia, Chernóbil, habría sido infinitamente menos grave, incluyendo varios miles de muertes indirectas, si la central hubiese tenido un muro de contención como todas las occidentales. Las medidas de seguridad pueden parecer caras, pero no priorizarlas acaba saliendo carísimo. No solo es una cuestión de dinero, sino de una gestión pública que no ha sido lo suficientemente profesional y seria.

Algunos inocentes han pagado el precio más alto. Mi solidaridad y mi más sentido pésame por las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gélida.