Suspensión de desahucios hoy, hambre para mañana
Prorrogarlos protege a corto plazo a unos pocos, pero encarece el alquiler a todos, y sobre todo a los vulnerables
Ilustración de Alejandra Svriz.
Un año más se discute prorrogar una moratoria de los desahucios de inquilinos vulnerables que no pagan la renta que se dictó en la pandemia. Podemos ya ha manifestado su «asco» ante los que defienden al «rico» arrendador frente a los vulnerables. Al margen de la retórica populista, ¿quién no se pondría del lado de la persona sin ingresos que se va a quedar sin casa? El problema es que hacer recaer la solución a ese problema sobre el arrendador es injusto, ineficiente y perjudica a quien se pretende proteger.
Empecemos con la justicia. Es evidente que en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro deberíamos poder evitar que personas en especiales dificultades se queden en la calle. Pero esta obligación es de la sociedad en su conjunto, no de quien ha alquilado un piso y resulta que no le pagan.
Como ha explicado Rodrigo Tena, hay que distinguir la justicia conmutativa de la distributiva. La justicia conmutativa se da entre las partes de un contrato, y consiste en el equilibrio entre lo que cada uno da y recibe, no en las cualidades personales de los contratantes. Cuando compro el pan, no pretendo que el panadero me haga un descuento porque es más rico que yo, ni cuando vendemos una casa rebajamos el precio porque el comprador tenga cuatro hijos. En este ámbito, el Estado debe intervenir solo para evitar el abuso derivado, por ejemplo, de una situación de monopolio. La justicia distributiva, en cambio, afecta a la colectividad y tiene en cuenta las condiciones personales de los intervinientes: por eso los impuestos son progresivos, y por eso reciben prestaciones no contributivas algunas personas.
Es evidente que el problema de vivienda de una persona vulnerable es de justicia distributiva. Es decir: es el Estado el que debe determinar, a quién y cómo ha de ayudar, y en su caso buscar una casa o pagar la renta de una persona vulnerable —como ha pedido Podemos, por cierto—. Da igual si el arrendador tiene un piso o más, si es una persona física o una sociedad, porque el pago de la renta es de justicia: si ha cumplido ofreciendo su vivienda, lo justo es que cobre la renta.
Pero es que además la injusticia siempre acaba siendo ineficiente. Están sobradamente probados los perjuicios para la economía y los arrendatarios de prolongar los desahucios por impago. En primer lugar, porque entorpecer el desahucio no lo impide, sino que lo aplaza. En segundo lugar, porque estudios revelan que la mayor dificultad en desahuciar conlleva la reducción de la oferta, el aumento de los precios de alquiler y más homeless o personas sin hogar. En España, en concreto, un estudio de Mora-Sanguinetti de 2012 ya relacionó la prolongación de los desahucios con una reducción de la vivienda en alquiler. Otros estudios revelan que cuando el desahucio se dificulta, las tasas de impago son más bajas porque se produce una más rigurosa selección de los arrendatarios.
«La razón es que, en realidad, ni al Gobierno ni a sus socios les importa la suerte de los vulnerables, sino el relato»
Es decir, que prorrogar los desahucios protege a corto plazo a unos pocos, pero dificulta y encarece el alquiler a todos, y sobre todo a los vulnerables, pues una selección más rigurosa los excluye del mercado de alquiler. Se ha demostrado que la moratoria de desahucios en EEUU en pandemia provocó un aumento de la discriminación en el alquiler.
¿Por qué, entonces, se siguen tomando estas medidas? No por ignorancia: en el Ministerio de Economía hay expertos que conocen estos estudios —y no hace falta ser Nobel de Economía para saber que aumentar costes e incertidumbre reduce la oferta y sube los precios—. La razón es que, en realidad, ni al Gobierno ni a sus socios les importa la suerte de los vulnerables, sino el relato. Como el efecto positivo —no desahucio— es directo e inmediato y los graves inconvenientes —aumento de rentas y exclusión— son indirectos y a medio plazo, pueden vender la medida como un «escudo», aunque deje a la mayoría en una más dura intemperie.
En pandemia, muchos países de nuestro entorno dictaron una moratoria de desahucios, pero en ninguno duró más allá de 2022. El Gobierno se aleja de Europa y se acerca al peronismo.