El salario mínimo no lo paga el Estado, lo paga la tienda de la esquina

La nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) eleva su incremento acumulado hasta el 66% desde 2018. Una cifra que, más allá del titular, agranda la brecha entre la política laboral del Gobierno y la realidad cotidiana del tejido productivo español.

Sobre el papel, la medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos. En la práctica, sin embargo, el impacto vuelve a concentrarse en el eslabón más frágil del sistema económico: la microempresa.

Porque en España no todo son multinacionales. El 99% de nuestras empresas son pymes. Y dentro de ellas predominan los negocios con menos de cinco trabajadores: panaderías, carnicerías, bares, talleres, ferreterías. Empresas familiares que sostienen empleo, mantienen vivos los barrios y fijan población en pueblos y pequeñas ciudades.

Cuando se habla del SMI, el debate suele reducirse a lo que el trabajador cobra en su nómina. Pero esa es solo una parte de la historia.

En 2026, tener contratado a un trabajador que perciba el SMI supondrá para la empresa un desembolso cercano a 1.900 euros mensuales, más de 22.000 euros al año. Y esa cifra no equivale al salario neto que recibe el empleado. Incluye también las cotizaciones sociales que el empresario debe abonar a la Seguridad Social.

Es decir, si un panadero contrata a una persona al salario mínimo, no solo paga el sueldo que figura en la nómina. Cada mes sale de la caja del negocio una cantidad adicional relevante en cotizaciones. La pregunta es inevitable: ¿puede subir el precio del pan para compensarlo? En un pueblo con clientela fija y márgenes ajustados, ¿cuántas barras más tendría que vender?

La diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que realmente paga la empresa rara vez ocupa el centro del debate público. Sin embargo, es ahí donde se juega la viabilidad de miles de pequeños negocios.

Para una gran compañía, el incremento puede diluirse dentro de su estructura. Para un comercio de barrio, el efecto es inmediato: menos margen, menos capacidad de inversión, menos posibilidad de ampliar plantilla. Y cuando los números no salen, las decisiones no son ideológicas, son matemáticas.

Las consecuencias son silenciosas, pero visibles en nuestras calles: persianas bajadas, traspasos, jubilaciones sin relevo. Cada cierre no es solo una actividad que desaparece; es un servicio menos para los vecinos, menos vida en el barrio, menos cohesión social.

Este no es un debate técnico, es una cuestión de equilibrio. Nadie discute la necesidad de mejorar los salarios ni la importancia de proteger a los trabajadores. Pero tampoco podemos ignorar que quienes crean empleo necesitan un entorno que les permita sostenerlo.

Hablar del SMI es hablar de trabajadores, sí. Pero también es hablar de quienes arriesgan su patrimonio, generan oportunidades y sostienen el pulso económico de nuestro país. Si de verdad queremos proteger a ambos, el debate debe ser completo, realista y honesto.

Porque el SMI no lo paga el Estado. Lo paga, cada mes, la tienda de la esquina. Y cuando esa tienda cierra, el coste lo asumimos todos.