México, sangriento y fallido

La muerte a manos del ejército mexicano de Nemesio Oseguera Fernández, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el temido grupo criminal «de las cuatro letras» (CJNG), como cantan los narcocorridos, ha sido interpretada por los más lúcidos analistas de seguridad en México, de Héctor de Mauleón a Raymundo Riva Palacio, pasando por Peniley Ramírez, como el fin de la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. También coinciden en que este Estados Unidos impuso este cambio de guion a la presidenta Claudia Sheinbaum y que supone el regreso de la llamada «guerra contra las drogas», la hasta ahora denostada estrategia de Felipe Calderón para luchar contra el flagelo de la violencia. Sin discutir estos supuestos, trataré aquí de dar el contexto político en que suceden y lo que significan para México.

La política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador fue, en palabras del siempre brillante Jesús Silva-Herzog Márquez, criminal. Partía de un supuesto equivocado y tenía una intención oculta distinta a la anunciada; además, fue ineficaz y, dado el enriquecimiento inexplicable de sus ejecutores, moralmente deleznable. Durante su Gobierno, México registró las cifras más altas de muertes dolosas de su historia reciente. Cifras de un país en guerra. Detrás de las estadísticas hay un país desgarrado: «madres buscadoras» que recorren desiertos y fosas clandestinas con picos y palas en busca de sus hijos; niños huérfanos por las ejecuciones de sus padres; viudas que sostienen hogares vaciados por la violencia; comunidades enteras marcadas por el dolor y el miedo. Y, al mismo tiempo, un país anestesiado que vive ignorando la violencia como táctica de supervivencia. De ahí la sensación extraña de normalidad que puede llevarse un turista o un observador distraído sobre la realidad mexicana.

Ese dolor, sin embargo, no comenzó con López Obrador. Viene de tiempo atrás: en cierto sentido, ha acompañado todo el proceso de transición democrática mexicana. Durante décadas, bajo la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el crimen organizado operó subordinado a un pacto mafioso tácito: había control vertical, límites territoriales y una relación de dependencia respecto al poder presidencial. La apertura democrática y la competencia real por la presidencia rompieron ese falso equilibrio. Al fragmentarse el poder político, también se fragmentó el control criminal. Las organizaciones dejaron de estar subordinadas a un centro único y comenzaron a disputar territorios, rutas y rentas con autonomía creciente. La violencia se multiplicó porque el viejo acuerdo mafioso se desmoronó.

En ese escenario se enfrentaron dos modelos: la política de Felipe Calderón marcó con tiza una raya roja y delimitó de manera radical la esfera criminal de la esfera política, lo lícito de lo ilícito, y buscó usar toda la fuerza legítima del Estado para combatir al crimen; mientras que la visión de López Obrador siempre sostuvo que la violencia nacía de la pobreza y la exclusión, y que había que atender sus causas sociales. A la política de Calderón no le falló la estrategia; el plan general era correcto moralmente y necesario políticamente: poner la ley en el centro de la vida pública del país. Pero sus tácticas concretas para implementarlo fueron un desastre. Faltó inteligencia operativa, consenso social y sobró fuerza bruta. Además, todo parece indicar que tenía traidores en el seno de su gabinete, que jugaban a dos bandas, nunca mejor dicho.

López Obrador llegó al poder, entre otras cosas, porque la sociedad mexicana estaba cansada de la violencia, y de la lucha violenta contra la violencia, que se mantuvo más o menos igual durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y también de la corrupción de esa última Administración. El problema de López Obrador es que su política partía de un diagnóstico equivocado. La violencia no proviene de la pobreza, sino de la impunidad, de la dinámica histórica de una procuración de justicia marcada por la corrupción y de la lógica que, en ese escenario, supo imponer el crimen organizado. Pero, además, mientras promovía ese discurso en público, representado en la contagiosa frase de «abrazos, no balazos», en privado su anhelo era restablecer el viejo pacto mafioso del PRI, el esquema de control vertical y acuerdos tácitos con el crimen que ya no podía sostenerse en un contexto democrático. Esta combinación de simulación política e ilegalidad privada abrió la puerta a que sus operadores más cercanos se enriquecieran y corrompieran hasta niveles nunca vistos, mientras la violencia y la impunidad se expandieron como nunca. Nada más triste, en un sexenio en que México perdió su democracia y su alma, que las súplicas desatendidas de los afectados por la violencia, que no sólo no fueron recibidas por López Obrador, sino desdeñadas en «las mañaneras», esa grosera manipulación informativa diaria que puso en marcha el anterior presidente bajo el tramposo nombre de conferencia de prensa.

«Durante el Gobierno de López Obrador, el Estado dejó de confrontar al crimen organizado y permitió su expansión»

La violencia no nace de la pobreza. Muchos jóvenes se integran al crimen atraídos por el oropel de dispendio y omnipotencia que nace de la impunidad. Nada más útil que los mapas de los diversos Méxicos que son México, elaborados por mi añorado Juan Pedro Viqueira con el investigador Willy Sonnleitner, para entender esta dinámica. Reducidos a su mínima expresión y solo como ejemplo: en la frontera norte los ingresos son altos, pero las condiciones de vida son pésimas; desarraigo, falta de cohesión social, abandono escolar, presión migratoria. Caldo de cultivo de la violencia criminal. En ciertas comunidades tradicionales del sur de Oaxaca, por contraste, la pobreza es acuciante, pero existen vínculos comunitarios y familiares que funcionan como vacunas sociales contra el imán de la violencia impune.

Durante el Gobierno de López Obrador, el Estado dejó de confrontar de manera estructural al crimen organizado y permitió su expansión territorial, financiera y política. Los cárteles ampliaron su control social mediante la extorsión sistemática, la captura de economías locales y la infiltración en procesos electorales. El resultado fue más poder criminal y más muertos. La consecuencia más grave, sin embargo, fue la normalización de la convivencia entre poder político y poder criminal. Dos episodios relacionados con el Cártel de Sinaloa lo retratan de cuerpo entero. El primero fue la captura, por parte del Ejército, de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y su posterior liberación por decisión presidencial. El segundo son las múltiples visitas que realizó durante su sexenio a Badiraguato, Sinaloa, un recóndito pueblo en la sierra Madre Occidental, cuna de la familia Guzmán Loera.

Ese es el jeroglífico que heredó Claudia Sheinbaum. Con un agravante imperdonable del que fue protagonista: la reforma judicial que canceló la independencia judicial en México y puso el penúltimo clavo en el ataúd de nuestra breve democracia. La elección de jueces fue una farsa, una grotesca manipulación desde el poder. La división de poderes dejó de operar como sistema de contrapesos. Sin un Poder Judicial autónomo, el ciudadano queda indefenso frente al abuso y la república se convierte en una estructura vertical donde la legalidad depende de la voluntad política. El sistema anterior era correcto en su modelo institucional, aunque corrupto e ineficaz, es decir, era reformable. Lo que se hizo fue entregarlo al Poder Ejecutivo. Esto no anula su corrupción, la legitima. La vuelve sistémica. Fueron los funerales de Montesquieu presididos por Mamá Grande.

Hobbes sostiene que el Leviatán surge para abolir la anarquía y garantizar la seguridad de los individuos. No le importan la libertad ni las reglas democráticas: lo crucial es que exista un poder capaz de contener la violencia y evitar la guerra de todos contra todos. En otras palabras, la legitimidad del Estado depende de su capacidad de mantener la paz, no de respetar derechos o procesos. Ejemplos contemporáneos muestran cómo esta lógica puede aplicarse de manera extrema. En El Salvador, Nayib Bukele ha centralizado el poder bajo la justificación de contener la violencia, con medidas autoritarias que restringen libertades, suspenden contrapesos y concentran la autoridad. Es una solución deleznable desde la perspectiva democrática, humana y judicial que rechazo abiertamente, pero funcional para reducir los indicadores de criminalidad.

«La existencia de líneas rojas que impiden investigar complicidades en distintos órganos del Estado lleva implícito su fracaso»

El caso mexicano, en cambio, bajo López Obrador presentó lo peor de ambos mundos. El poder centralizado en su persona absorbió toda la energía social y política, pero fue incapaz de contener la violencia. La combinación de concentración de poder y tolerancia hacia redes criminales es el reverso distorsionado de lo que Hobbes defendía. Ahora que dice dedicar sus esfuerzos a comprender la civilización mesoamericana (y cuyo primer fruto es un ominoso libro de 800 páginas que niega los sacrificios humanos), es necesario recordárselo una vez más: él no fue un dios civilizador como Quetzalcóatl, sino su anverso, el destructor Tezcatlipoca.

Ciertamente, antes del operativo contra El Mencho, ya se habían producido movimientos internos significativos en el Gobierno de Sheinbaum: la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero y la renuncia forzada de Adán Augusto López, figuras claves del antiguo círculo presidencial. Esos cambios anticipaban una recomposición en el aparato de seguridad. La responsabilidad quedó además en manos de Omar García Harfuch, sobreviviente de un atentado del CJNG, y a quien se le retiró a las malas, manipulando desde Palenque —residencia de López Obrador— la candidatura de Morena al Gobierno de la Ciudad de México. Su nombramiento fue una señal de cambio. Sin embargo, ningún secretario puede combatir eficazmente al crimen si enfrenta límites políticos que vuelven intocables a determinados actores. La existencia de líneas rojas que impiden investigar complicidades en distintos órganos del Estado lleva implícito su fracaso.

El punto de inflexión se produjo cuando Donald Trump endureció la presión sobre México. La creación del Joint Interagency Task Force-North reforzó la estructura estadounidense de combate al narcotráfico y vino acompañada de un mensaje inequívoco: o actuaba el Estado mexicano o lo haría Estados Unidos. Incluso hay quienes especulan con amenazas de revelar las complicidades de Morena con el dinero del narcotráfico en las elecciones federales, lo que ha forzado la resistencia mexicana. Recordemos que en Estados Unidos tiene bajo su custodia, en régimen de testigos protegidos, a uno de los hijos de El Chapo Guzmán y al codirigente del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Bajo esa amenaza, se ejecutó el operativo contra El Mencho, que culminó con su muerte.

Eliminar a un jefe mafioso conlleva riesgos previsibles. La caída del líder precipita disputas por la sucesión, fracturas internas y ofensivas de organizaciones rivales. Cada vacío de poder criminal puede traducirse en más asesinatos y atentados. Eso lo aprendimos en el Gobierno de Calderón con sangre. Nada de esto significa que no debiera intentarse su captura. El Estado tiene la obligación de detener a quienes encabezan estructuras criminales. Pero capturarlo con vida habría ofrecido ventajas estratégicas cruciales: información sobre redes financieras y complicidades políticas, y un mensaje claro de que el crimen se combate dentro del marco legal. En el operativo además murieron 29 soldados mexicanos, de los que nadie parece acordarse.

«La percepción internacional de inseguridad afecta a las inversiones, al turismo y a la credibilidad diplomática»

La operación se realizó, además, sin una estrategia integral de contención. La presidenta se encontraba expuesta en un acto público de nula trascendencia en Chihuahua, plaza caliente, sin un blindaje proporcional al impacto del golpe, lo que lleva a especulaciones peligrosas sobre quién tomó la decisión final. La respuesta de los criminales fue brutal, pero predecible. Las imágenes de bloqueos e incendios circularon globalmente, deteriorando la imagen de México, justo cuando el país se prepara para ser anfitrión del Mundial. Una mexicana con familiares en Ucrania se reía en redes de los mensajes que recibía preguntándole por su situación. La percepción internacional de inseguridad afecta a las inversiones, al turismo y a la credibilidad diplomática.

A ello se suman las revelaciones del libro Decisiones difíciles, de Julio Scherer Ibarra, exasesor jurídico durante tres años de López Obrador y acusado a su vez de apoyar decisiones comprometidas. El libro desnuda tensiones internas y presiones en el corazón del poder, y, «sin querer queriendo», como diría el Chavo del Ocho, expone la manera irresponsable de gobernar de López Obrador, todo sujeto a su capricho y víctima fácil de la manipulación informativa de su entorno. El señalamiento contra el exportavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas, acusado de manejar el huachicol (robo y comercialización ilegal de combustibles), agrega un elemento perturbador: la prueba de que ciertas prácticas criminales sucedían en el interior de Palacio Nacional.

En todo este contexto de violencia y fragilidad institucional, Claudia Sheinbaum no ha tenido mejor ocurrencia que enviar al dócil Congreso una peligrosa iniciativa de reforma que debilita al Instituto Nacional Electoral, restringe las opciones de los partidos pequeños para llegar al Congreso y centraliza aún más el poder en sus manos. Reducir la autonomía del órgano rector de las elecciones en medio de una crisis de seguridad y de la cancelación de la independencia judicial es un error imperdonable que demuestra que no está leyendo correctamente la situación del país. Es quitarle el respirador artificial a la democracia mexicana.

México no tiene un Estado fuerte, aunque concentra facultades sin límites en la presidencia. Está corrompido e infiltrado por el crimen. ¿De verdad piensa Claudia Sheinbaum que la solución es más poder y menos democracia? Basculando entre lealtades a dos polos autoritarios, en Palenque y en Washington, su plan es ganar tiempo y consolidar su mandato verticalmente. Un error histórico que pesará sobre su biografía política para siempre. México necesita que el poder esté distribuido, controlado y legitimado por la democracia; que la división de poderes funcione efectivamente y que los órganos autónomos operen sin subordinación política. México necesita transparencia y crítica libre. La fortaleza institucional nace del equilibrio republicano. Nace del debate, no del ordeno y mando. Nace de la complejidad, no de la subordinación. Nace de la concordia, no de la intolerancia. Sin esa arquitectura, la violencia no se va a poder contener, aunque se realicen operativos tan espectaculares como el abatimiento de El Mencho.