El coste de una guerra lejana

Hace 11 días, Estados Unidos e Israel comenzaron los bombardeos sobre Irán. Para Israel, acabar con el régimen teocrático iraní, y no sólo con su programa nuclear, es una cuestión existencial. La razón es que los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 estuvieron financiados, armados y coordinados por Irán. Además, otro de los principales enemigos del Estado de Israel es Hezbolá; «el partido de Dios» es otro instrumento del régimen de los ayatolás. Sin embargo, sin el apoyo estadounidense, Israel no puede aspirar a un cambio de régimen en Irán. Y lo que no está nada claro es cuál es el objetivo de la Administración Trump en esta guerra. Un objetivo no es una fantasía, sino algo que se puede obtener con los medios que se utilizan, y asumiendo los inevitables costes en los que hay que incurrir. 

A corto plazo, para los que han atacado, hay dos costes fundamentales. El primero es la desestabilización de toda la zona del golfo Pérsico. El segundo, y este es global, es el corte del suministro de gas y petróleo en la principal arteria energética del planeta, el estrecho de Ormuz. La principal amenaza de Irán durante muchos años fue cortar el tráfico marítimo en la zona. De hecho, es una amenaza mucho más efectiva que las armas nucleares por varias razones. Un arma nuclear sólo sirve si se está dispuesto a utilizarla, y los demás lo saben, e incluso para una república teocrática, esto es dudoso. Además, hay que tener capacidad para que un misil llegue al objetivo, y eso no está nada claro con los sistemas antimisiles en la zona. Sin embargo, acertar en un estrecho de 90 kilómetros controlando una de las orillas a alguno de los buques que pase por allí es fácil. Y en el momento en que haya probabilidades serias de que esto ocurra, nadie se atreve a pasar por allí.

Esta es simplemente la situación actual, y no está nada claro cuándo se podrá restablecer el tráfico marítimo en la zona. La dependencia del gas y el petróleo que transitan por allí es esencialmente económica. En el mundo hay suficiente gas y petróleo para sustituir el de Oriente Medio, pero es muchísimo más caro. Y pagar más cara la energía implica que todos los bienes y servicios que se producen con esa energía —es decir, casi todo— saldrán más caros. Esto tiene dos consecuencias, la inflación y el empobrecimiento. Si el shock es simplemente temporal, es decir, si la guerra, o por lo menos el corte de tráfico en Ormuz, duran poco, entonces se pueden tomar ciertas medidas compensatorias para aliviar a familias y empresas de este shock. Aunque, para eso, es fundamental tener las finanzas públicas en orden, para poder asumir la pérdida recaudatoria que suponen las ayudas o las reducciones de impuestos. 

Si la guerra se extiende en el tiempo, y especialmente si se destruyen las instalaciones de Irán, y todavía peor, del resto de países del Golfo, el shock energético será peor y más duradero. En esas circunstancias, lo único que se puede hacer es adaptarse a una energía más cara y asumir el empobrecimiento, intentando evitar una espiral inflacionista. Al final, esta situación supone una transferencia de renta desde los países consumidores de gas y petróleo hacia los países que aún puedan suministrar estas materias primas. Además, como estos hidrocarburos tienen más costes, tanto de extracción como de refino y transporte, el consumidor los tendrá que pagar. 

Por otra parte, las formas de reducir la inflación no son agradables: por una parte, como hay demanda que la oferta no puede satisfacer, la «solución» que queda es deprimir el consumo y la inversión, aumentando los tipos de interés. Lo otro que se puede hacer es asumir el empobrecimiento, haciendo que los salarios aumenten por debajo de los precios, para evitar una espiral de precios-salarios. Esto recibe el nombre de «política de rentas», pero, le pongamos el nombre que le pongamos, no deja de ser tan «agradable» como el aceite de ricino.

En cualquier caso, para poder tomar cualquier tipo de medida fiscal paliativa de estos efectos, hay que poder pagarla. Por ejemplo, si se reducen, temporalmente, los impuestos especiales o el IVA de los carburantes, hay que tener margen para afrontar las consecuencias. En el caso de España, no sólo vale con que la recaudación de impuestos haya aumentado, ni tampoco con que la inflación vaya a hacer que aumente aún más. El problema está en que, si los gastos también aumentan, entonces, si se rebajan los impuestos, el déficit se disparará. Otro efecto a tener en cuenta, dado el elevado endeudamiento público que tenemos (casi 1,7 billones de euros, un 100,8 % del PIB según el Banco de España), el previsible aumento de los tipos de interés y el hecho de que todos los países importadores de petróleo —que son casi todos— se enfrentarán a una situación similar, es que el coste de financiación subirá.

Otra cuestión relevante a la hora de enfrentarnos a un shock energético de este tipo es el grado de independencia energética. Esto pasa por el grado de electrificación de la economía, y también por cómo se produce esa electricidad. Por una parte, no es lo mismo que la mayoría de los automóviles sean eléctricos, como en Noruega, a que sean una minoría, como en el caso español. Pero, si la electricidad se produce en ciclos combinados de gas natural, el precio lo acabará marcando esta tecnología, que suele ser la más cara, incluso en tiempos de precios normales del gas natural. 

Aquí las renovables ayudan, pero menos de lo que se creen, esencialmente porque la producción de solares y eólicas es intermitente. En estas condiciones, el cierre de nucleares implica su sustitución por gas natural, y aumenta la dependencia energética (y también las emisiones). Por eso, seguir el ejemplo alemán de cierre de las centrales nucleares es un error grave, como ya reconoció ayer la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que fue ministra de todos los gobiernos de Angela Merkel en los que se cerraron las centrales alemanas.

Las últimas declaraciones de Donald Trump cuando escribo estas líneas, señalando que la guerra estaba prácticamente terminada, desataron el optimismo, con reducción del precio del petróleo y subida de las bolsas. No está tan claro que la guerra vaya a quedar atrás sólo porque el comandante en jefe de una de las dos potencias atacantes lo diga. Por una parte, Israel tiene otros intereses. Por otra parte, no está nada claro con quién habría que negociar en Irán después de los asesinatos en la cúpula iraní. Y tampoco está nada claro que el tráfico naval en el estrecho de Ormuz se vaya a restablecer tan fácilmente, ni siquiera con las amenazas de Trump de destruir el país y sus instalaciones, si no se restablece. En cualquier caso, aunque salir no sea tan fácil como entrar, lo primero es querer salir, aunque sea sin ver realizados sus deseos (llamarlos objetivos es un poco excesivo).

En resumen, el coste de una guerra no sólo lo pagan los contendientes, especialmente si afecta al tráfico global de la principal materia prima energética. Por supuesto, el coste para las empresas y ciudadanos españoles será mayor cuanto más dure el conflicto bélico y cuantas más instalaciones petrolíferas se destruyan. En toda esta cuestión, no hay ninguna responsabilidad ni del gobierno, ni de nadie en España, ni en Europa. Pero, en lo que se refiere a estar preparados para una crisis, que se podía producir, no se puede decir lo mismo, ni desde el punto de vista energético, ni fiscal, ni tampoco institucional (por ejemplo, hace tres años que no tenemos presupuestos). Cuando baja la marea, se ve quién está desnudo. Esperemos que esto sea temporal, y que no dure mucho, sobre todo porque una prolongación supondrá muchísimas muertes en Oriente Medio, y muchos costes y sufrimientos para todos. Y, por supuesto, toda esa violencia, sin tropas sobre el terreno, no sería precisamente una garantía de un cambio de régimen en Irán, y mucho menos de su sustitución por algo menos fanático y tiránico.