La fiscalía emite una nueva orden de arresto que mantiene a Carlos Ghosn en prisión

Carlos Ghosn ha sido objeto este viernes de una tercera orden de arresto de los fiscales japoneses por nuevas sospechas, reduciendo así sus esperanzas de quedar pronto en libertad, en el último giro de esta trama judicial.

Ghosn fue arrestado por sorpresa el 19 de noviembre en el aeropuerto Haneda de Tokio cuando salía de su avión privado. En ese momento todavía era presidente de la alianza de fabricantes de automóviles Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. Su prolongada detención provisional ha motivado críticas al sistema judicial japonés.

Los medios habían anunciado que Ghosn permanecería en la cárcel hasta finales de año, o incluso hasta más tarde, pero un tribunal de Tokio rechazó el jueves prorrogar la detención provisional del dirigente, de 64 años, rechazando la apelación de la fiscalía.

Parecía que su puesta en libertad bajo fianza era inminente, pero no contaba con el apoyo de la fiscalía, furiosa, según la prensa, por haber sido contradicha un día antes. Así, la fiscalía ha decidido volver a detenerlo, obteniendo 48 horas más para interrogarlo sobre nuevas sospechas, en esta ocasión, de abuso de confianza. La duración de esta detención podría ampliarse.

Según un comunicado, Carlos Ghosn es sospechoso de haber «fallado a su función de presidente y de haber provocado un perjuicio a Nissan». En concreto, la fiscalía le recrimina tener «impunidad en las cuentas de la sociedad de pérdidas de inversiones personales», algo que él niega, según la cadena de televisión pública NHK.

De momento, el empresario franco-libano-brasileño fue acusado el 10 de diciembre de haber omitido declarar a las autoridades bursátiles unos 5.000 millones de yenes (38 millones de dólares) de ingresos entre 2010 y 2015. Su brazo derecho, Greg Kelly, también fue inculpado. Sin embargo, ahora no ha sido objeto de una nueva orden de arresto. La detención de los dos hombres se prolongó por las sospechas de disimulación de ingresos entre 2015 y 2018 por un monto de 4.000 millones de yenes (30 millones de dólares).

Durante las audiencias, Ghosn habría reconocido que firmó documentos que mencionaban pagos que él debía percibir cuando abandonara Nissan pero–según la prensa– él asegura que estos montos no estaban establecidos de forma definitiva y que por ello no había que incluirlos en los informes públicos de la empresa.

Para Carlos Ghosn, que se encuentra desde su arresto en un centro de detención del norte de Tokio, se abre una tercera etapa en el frente judicial, algo que podría alimentar las críticas ya realizadas a la justicia japonesa.

«El sistema penal japonés ha quedado expuesto al extranjero. No es lo mejor de Japón, no es algo bueno para el mundo de los negocios», ha comentado Lionel Vincent, del colegio de abogados de Tokio.»A los dirigentes extranjeros les sorprende la brutalidad del procedimiento y temen verse atrapados por unas reglas que no conocen y un sistema que no controlan», ha añadido.

Entre tanto, la alianza Renault-Nissan está en medio de una tormenta. Los fabricantes japoneses Nissan y Mitsubishi Motors han destituido a Ghosn de su cargo de presidente en sus consejos de administración, mientras que el grupo francés Renault lo mantiene en el cargo.

Para el grupo, que llevó a cabo una investigación interna durante meses antes de presentar las acusaciones a la fiscalía, «las pruebas son sustanciales y convincentes». Según una fuente cercana al caso, si Carlos Ghosn sale de prisión, Nissan le prohibirá acceder a sus instalaciones, incluso aunque en teoría sigue formando parte del consejo de administración. Solo una asamblea general extraordinaria de accionistas podría retirarle su título de administrador, informa AFP.