Daniel Ortega convoca una salida negociada a la crisis en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha convocado a la oposición a la reanudación del diálogo nacional para el próximo miércoles 27 de febrero, con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado más de 300 muertos y cientos de detenidos y ha obligado a miles de personas a salir del país, según varios organismos humanitarios. Ortega solo reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».

El mandatario ha explicado durante un acto oficial que ha llegado a ese acuerdo con un grupo de prominentes empresarios nicaragüenses con los que se reunió el sábado pasado, con la presencia como invitados del cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag. Ambas partes se han comprometido a «abrir una nueva ruta» con el fin de recuperar la paz, la seguridad y la estabilidad de Nicaragua.

El diálogo entre el Gobierno sandinista con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores y testigos, ya había comenzado en mayo pasado, pero fue abandonado de forma unilateral por Ortega en julio. El presidente de Nicaragua ha asegurado que la mesa del diálogo se instalará ahora con menos actores y que está vez no será televisada, porque «eso no es correcto en una negociación».

En esa mesa el Ejecutivo espera negociar «la consolidación de la paz en nuestro país para construir ese nuevo camino que mejore las condiciones para que el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del fallido golpe de Estado de abril», tal y como ha declarado el presidente en televisión.

Los planteamientos de diversos sectores nacionales e internacionales, y que Ortega ha desconocido, coinciden en que el Gobierno debe cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellas, la liberación de los manifestantes presos, el fin de la represión y garantizar las libertades públicas. Un grupo de expertos, tutelados por la CIDH, también ha señalado que el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes «de lesa humanidad» durante la crisis, informa Efe.

Ortega, quien lleva 12 años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de «golpe de Estado fallido».