La familia del dictador Pinochet tendrá que devolver 1,6 millones de dólares al Estado chileno

La Corte Suprema de Chile ha ordenado el decomiso de bienes por más de 1,6 millones de dólares propiedad del fallecido dictador Augusto Pinochet y ha condenado a tres militares en retiro por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos en el denominado caso Riggs.

De acuerdo con la página web del Poder Judicial, la Corte Suprema ha decretado en un fallo final «el comiso de los bienes indicados en la sentencia, que al momento de ser objeto de las medidas cautelares que los afectan eran de propiedad de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, o bien de alguna de sus sociedades, por un monto equivalente a 1.621.554,46 dólares«.

El alto tribunal también ha sentenciado a los militares en retiro Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo Mac-Lean Vergara y Eugenio Castillo Cadiz a penas de cuatro años de prisión con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad en los delitos económicos. Mac-Lean y Castillo deberán pagar también una multa de cerca de 525.000 pesos chilenos (unos 680 euros).

Según fuentes judiciales consultadas por Efe, «se trata de un fallo dividido», que ha acogido un recurso de casación en contra de una sentencia anterior que ya había absuelto a los condenados y revocado el decomiso en primera instancia decretado por el ministro (juez especial) Manuel Antonio Valderrama.

La viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, también había hecho la solicitud para que se anulara el comiso de los bienes.

En 2010, un estudio de la Universidad de Chile determinó que Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable.

La investigación judicial se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras. El descubrimiento se hizo en medio de las investigaciones iniciadas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono.

Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba siendo acusado en el caso Riggs por fraude al fisco y falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.

En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido exdictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos.

Esa medida benefició, entre otros, a la viuda de Pinochet, a sus cinco hijos, a su antiguo albacea, Óscar Aitken, y al contable José Sobarzo. El pleno de la Corte Suprema decidió luego, en octubre de 2008, reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Valderrama.

El nuevo juez cerró en 2013 una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos con los que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares.

Con ello, quedaron absueltos el exdirector de la Fábrica de Armamentos del Ejército (Famae) Luis Iracabal y el ingeniero y brigadier retirado Gustavo Latorre, ambos procesados por supuestos pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de 202 tanques Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.

Con este fallo, y después de 14 años de que estallara el escándalo de las cuentas del banco Riggs, el alto tribunal ha cerrado definitivamente el caso.