Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han retirado la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta el 2022, al considerar que se ha alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través de un real decreto, que será aprobado por el Consejo de Ministros.
En contexto: los tres partidos instaban a añadir una disposición final en esa prórroga de ampliación de los desahucios y cortes de suministros a familias vulnerables. Iglesias ya anunció la semana pasado que el Gobierno aprobaría «de inmediato» un decreto. «Estará en los próximos días, no tardará más de dos semanas».
La enmienda ha sido retirada al límite del plazo para hacerlo, justo antes del inicio de las votaciones telemáticas. Así, desde la formación morada han asegurado que ya no tiene sentido alguno la votación de esta enmienda, pues podría evidenciar una división dentro del Ejecutivo. Además, la tramitación del supuesto real decreto en el que ya se trabaja sería una medida más rápida que los propios Presupuestos.
De este modo, Unidas Podemos ha evidenciado lo que era un secreto a voces, dando validez al acuerdo al que se llegó dentro del Gobierno en lo relativo a abordar la paralización de desahucios y el corte de suministros y adoptar alguna medida en ese plazo máximo de unos 15 días.
La enmienda —que queda finalmente retirada— habría modificado el decreto del 31 de marzo de 2020 de medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus[contexto id=»460724″], donde se prohibían los desahucios y cortes de suministros.
Iba a ser modificada para prolongarse hasta «el 31 de marzo de 2022» y suspendería «cualquier resolución judicial firme del procedimiento del desahucio», tanto por impago de renta o si el inquilino no tuviera alternativa habitacional. Así, se garantizaba el «suministro de energía eléctrica, en productos derivados del petróleo, gas natural y agua». En palabras del vicepresidente segundo, el objetivo de la enmienda era «evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables».