El jurado del juicio del «crimen de los tirantes» ha declarado a Rodrigo Lanza culpable del asesinato en diciembre de 2017 de Víctor Laínez, en una pelea en un bar de Zaragoza cuando la víctima llevaba unos tirantes con la bandera de España. En su veredicto, el jurado ha considerado que, aunque Lanza no tuviera intención de causarle la muerte a Laínez, era probable que esta se produjera por la contundencia de los golpes dados, por lo que debe asumir su responsabilidad y responder por ello.
Lo más importante: el jurado ha estimado que Lanza lo golpeó por detrás, que una vez en el suelo, cuando Laínez estaba semiinconsciente, le propinó más golpes y patadas y que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse, así como que la causa de su muerte fueron los severos traumatismos craneoencefálicos a consecuencia de la agresión y no por el impacto que se produjo en la cabeza al caer al suelo, como estimó el anterior jurado.
Por otro lado, el jurado actual no ha considerado acreditado que Lanza viera una navaja en las manos de Laínez, ni que el amigo que lo acompañaba le gritara advirtiéndole de la existencia de esta, lo que alegaba el abogado defensor esgrimiendo legítima defensa. También ha estimado que el acusado actuó por motivos ideológicos.
El juicio contra Rodrigo Lanza, acusado del asesinato de Víctor Laínez en diciembre de 2017 en un bar de Zaragoza -conocido como «crimen de los tirantes»-, ha estado envuelto en la polémica, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ordenó su repetición.
El primer jurado consideró que Lanza tenía intención de lesionar a Laínez pero no de matarlo y que la causa de la muerte de la víctima no fueron los golpes que Lanza le propinó, sino la lesión que se produjo Laínez en la cabeza al impactar esta contra el suelo en la caída. Eso sí: no consideró probado que Lanza actuara bajo un miedo insuperable ni afectado por el alcohol, como alegaba la defensa. Sobre si el motivo de la agresión fue ideológico, aunque no consideraron acreditado que Lanza viera los tirantes con la bandera de España que llevaba la víctima, sí estimaron este agravante.
Al inicio del segundo juicio, que arrancó el pasado 7 de septiembre en la Audiencia Provincial de Zaragoza, la Fiscalía y la acusación particular pidieron entre 20 y 25 años de prisión por un delito de asesinato por motivos ideológicos. La defensa solicitó la absolución al estimar que actuó en legítima defensa. La magistrada María José Gil deberá ahora redactar la sentencia.
