Rodrigo Rato, en prisión por las 'black', se sienta en el banquillo por el caso Bankia

El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía del PP, Rodrigo Rato, ha vuelto a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez como encausado en el juicio que ha comenzado este lunes por un presunto delito de estafa a los inversores en la salida a bolsa de Bankia en 2011, entidad que presidía el político popular.

Rato ha sido trasladado hasta la Audiencia Nacional desde Soto del Real donde lleva ingresado un mes tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black.

Además de Rato, hay otros 33 acusados. La Fiscalía solicita cinco años de prisión para Rato, cuatro años para el exvicepresidente José Luis Olivas, tres años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y dos años y siete meses para el ex consejero delegado Francisco Verdú.

Anticorrupción cree que los cuatro administradores de la entidad ocultaron que el negocio de Bankia, heredado de sus siete cajas (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, y las de Ávila, Segovia y La Rioja), no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener «a toda costa» los fondos necesarios.

La Fiscalía Anticorrupción ha indicado este lunes, en la primera sesión del juicio, que no descarta modificar sus conclusiones provisionales y añadir falsedad contable al delito de estafa a los inversores, que inicialmente atribuye a los cuatro principales acusados.

La representante del Ministerio Público, Carmen Launa, ha descartado de momento añadir falsedad contable, si bien ha anunciado que se reserva la posibilidad de hacerlo en el futuro, antes de su informe final, para que los cuatro principales acusados y la treintena restante no puedan alegar indefensión, informa Efe.

El resto de las acusaciones particulares y populares sí incluyen como delito la falsedad contable, y solicitan penas de hasta 12 años de prisión tanto para los cuatro antiguos administradores de hecho de la entidad, como para otros 26 exdirectivos y el socio auditor, así como multas millonarias para Bankia, su matriz (BFA) y la firma Deloitte.

Durante su intervención, Launa, acompañada en el estrado por el fiscal Alejandro Luzón, autor del escrito de conclusiones provisionales y al frente de la investigación hasta su ascenso a la jefatura de Anticorrupción, ha pedido además que se incorpore documentación que, hasta ahora, no obraba en el procedimiento.

Se trata, en su mayoría, de informes que revelarían el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja (una de las siete entidades que constituyeron Bankia tras el proceso de fusión fría) que, según el Ministerio Público, «ocultaba gran parte de los deterioros» que se arrastraron a las cuentas de 2011.

Asimismo, ha incluido el diario de sesiones de la Comisión que investiga el origen de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados a fin de que la sala conozca los relatos tanto de Rato, como del exconsejero Ildefonso Sánchez Barcoj, y del inspector José Antonio Delgado.

Entre las pruebas más recientes está el informe pericial elaborado por el experto cedido por el Banco de España, Antonio Busquets, sobre el impacto que hubiera podido ocasionar en Bankia la reclamación de la aseguradora Aviva, vinculada hasta la integración a Bancaja, y que llegó a pedir una indemnización de 944 millones de euros.

Cargos que refutan los acusados, cuyas defensas quieren que se aplique la «doctrina Botín» y se expulse a las acusaciones populares.

Rato no es el único en el banquillo de los acusados que ya ha sido procesado por las tarjetas black. Hay 13 usuarios procesados, cinco de ellos en la cárcel (José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Jorge Gómez y José María de la Riva).