El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes que haya una «intromisión» de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la reforma del mercado laboral como ha denunciado Unidas Podemos, y ha apoyado que haya «colaboración» de varios ministerios, como ya ocurrió con la ley de vivienda.
«Negocia el Gobierno, negocia el Gobierno», ha recalcado Sánchez desde Bruselas, al ser preguntado sobre quién llevará a cabo la interlocución de la reforma laboral, Calviño o la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos.
El jefe del Ejecutivo ha justificado que ésta es una «reforma estructural» que afecta a «muchísimos ministerios» y que por tanto «no hay intromisión», sino «colaboración, coordinación y aporte», tras pedir Podemos una reunión de la mesa de seguimiento por el papel de Calviño. El origen del malestar por parte de la formación morada reside en su exigencia de que sea Díaz quien lidere las negociaciones sobre la reforma laboral.
Para el jefe del Ejecutivo la reforma laboral es una de las leyes más importantes de un Gobierno. Afecta a los ministerios de Trabajo, Hacienda, Seguridad Social, Educación y Asuntos Económicos y «todos» tienen que aportar, coordinarse, acordar y dar «su visión». A su juicio no se puede hablar ni de «inmiscuirse», ni de «intervenir».
Ha agregado Sánchez que este método de trabajo puede ser más laborioso pero es más efectivo. Y ha puesto ejemplos: el papel del Ministerio de Derechos Sociales al negociar la ley de vivienda o el rol jugado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en la elaboración del proyecto de presupuestos.
«El Gobierno de España tiene un acuerdo de investidura, de coalición y ahí tiene el compromiso del Gobierno de España de actualizar las normas laborales. Queremos hacerlo además de la mano de los empresarios y de los sindicatos. Hemos acordado que antes de finalizar el año esa reforma se haya llevado a efecto», ha recalcado.
Y sobre el contenido de la ley, ha dicho que el Gobierno está «de acuerdo» en una «reforma integral para eliminar muchos males del mercado laboral que la reforma del PP agravó» y ha aludido a la precariedad, la creación de empleo o a la competitividad de las empresas.
El presidente del Gobierno ha avalado así el papel de Nadia Calviño después de que su socio de coalición haya solicitado una reunión de seguimiento del pacto y haya hecho público su malestar por el papel jugado por la vicepresidenta en el proceso para derogar la reforma laboral, que Unidas Podemos ha considerado un incumplimiento «grave» de este pacto.
«Quitar hierro»
Fuentes de Moncloa han asegurado unas horas antes a THE OBJECTIVE que han recibido con «sorpresa» el anuncio de Unidas Podemos para celebrar dicha reunión para abordar el pacto de coalición, pero avanzando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunciaría al respecto en Bruselas tras la sesión de trabajo del Consejo Europeo, para «quitar hierro» a la reunión, tal y como ha ocurrido. Además, han descartado que vaya a haber ningún tipo de «ruptura» del acuerdo de coalición.
El principal motivo que ha llevado a la formación morada a convocar esta reunión de urgencia con el PSOE es para «asegurar que se cumple el acuerdo de Gobierno en materia de reforma laboral y la no injerencia en competencias laborales», apuntando, de esta manera, directamente a la figura de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Suma y sigue
El choque Díaz-Calviño no es el único enano que le ha crecido al Gobierno de coalición. También está muy presente en Podemos el abrazo entre Felipe González y Pedro Sánchez en el Congreso del PSOE celebrado el pasado domingo. «El abrazo o reunificación del PSOE no ha gustado», aseguraban fuentes de Unidas Podemos a THE OBJECTIVE.
También influye la decisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, de retirar el escaño al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. La decisión de Batet se anunciará esta misma tarde tras haber recibido el nuevo escrito aclaratorio del Alto Tribunal en el que dejaba claro la necesidad de ejecutar la sentencia sobre el parlamentario de Unidas Podemos. La dilación de la presidenta ha abierto un conflicto institucional entre el Congreso y el Supremo, según contamos en THE OBJECTIVE. El error de la presidenta fue alinearse con la disciplina de voto de PSOE y Podemos en la reunión de la mesa en lugar de ejecutar automáticamente la sentencia.
