El Gobierno añade al bono social eléctrico un bono térmico para este invierno
El Consejo de Ministros aprobará hoy el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, que incluirá actuaciones dirigidas a defender a los colectivos más vulnerables y para luchar contra la pobreza energética.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real-decreto ley que añade al bono social eléctrico un bono térmico para reducir la factura de la calefacción y la luz este invierno. Además, ha ampliado a las familias monoparentales para que se les pueda aplicar el bono social. La finalidad de estas medidas es que un mayor número de consumidores puedan reducir la factura energética.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que el paquete de medidas de ese decreto incluye algunas actuaciones “inmediatas y de coyuntura, pensando en el invierno”. La pobreza energética, referida a un hogar familiar, es la situación en la que los ingresos son nulos o escasos para pagar la energía suficiente para la satisfacción de las necesidades domésticas. Según Ribera, afecta a 4,6 millones de ciudadanos españoles.
De acuerdo a lo acordado en el Consejo de Ministros, se amplían un 15% los límites de consumo a los que se puede aplicar los descuentos del 25% o del 40% del bono social, que se va a ver complementado con un bono de calefacción, una ayuda directa que se abonará a los beneficiarios del bono social eléctrico, en función de su grado de vulnerabilidad y las temperaturas de la zona en que vive para pagar gastos de calefacción, agua caliente y cocina.
También se incluye, por primera vez, a las familias monoparentales entre las que tienen circunstancias especiales para que se les pueda aplicar el bono social pese a que tengan una mayor renta que la establecida en los diferentes tramos generales que hay, algo que hasta ahora sólo afectaba a víctimas de violencia doméstica, del terrorismo y personas con discapacidad. Ribera ha señalado que la mayoría de familias –el 85% son mujeres solas con hijos menores de 16 años–, por ello “es una inclusión con rostro de mujer”.
Los hogares que estén acogidos al bono social eléctrico a fecha de 31 de diciembre de 2018 y todo consumidor que cumpla las condiciones para acceder al bono social eléctrico y haya presentado su solicitud antes de la citada fecha percibirá el bono eléctrico y de calefacción. El importe que recibirán los beneficiarios del bono térmico dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y el número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre.
El real-decreto también incluye otras medidas de protección para los consumidores: “Queda prohibida la contratación de puerta a puerta y se buscará empoderar a los consumidores con mejor información en las facturas”, ha dicho Ribera. Además, se ha introducido la obligación de reflejar en la factura “cosas tan obvias como qué contratamos o qué supone usar la electricidad a una u otra hora del día”, ha acotado la ministra. Se penalizarán los contratos fraudulentos y obligará a que la tarifa normal tenga una potencia que no esté por encima de las necesidades del consumidor. Actualmente, la mayoría de las casas tiene contratada una potencia superior a la necesaria.
También hay medidas que buscarán fomentar la generación eléctrica a través de las energías renovables y se favorece el autoconsumo, de manera que «por fin España se libra del impuesto al sol», establecido por el Gobierno del PP.
Además, como ya se había anunciado, se mantendrá la suspensión durante seis meses del impuesto a la generación eléctrica y sobre los hidrocarburos, que según el Gobierno tendrán un impacto sobre le factura del consumidor de un ahorro del 4%.
Crisis catalana
Por su parte, la ministra-portavoz Isabel Celaá ha afirmado en la rueda de prensa que el Gobierno se encuentra seriamente procurado por el discurso político del presidente de la Generalitat, Quim Torra. “Si el Parlamento (catalán) adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno actuará en consecuencia. El Gobierno defenderá a todas las instituciones, también a las instituciones catalanes”. La portavoz no quiso a preguntas de los periodistas indicar si el Ejecutivo está pensando en aplicar el artículo 155. Se limitó a responder sobre ese «actuar en consecuencia», que «el Gobierno ha dejado claro que entre el artículo 155 perpetuo, y lo que significa la quiebra o conflicto, hay un espacio amplio para acordar, dialogar e incorporar racionalidad».
Sobre el ultimátum de Torra ha dicho que «la retórica inflamada, la retórica mutilada de realismo de Torra, no ayuda para la salida del conflicto».
Celaá ha instado al Govern a liderar un diálogo entre catalanes, y “a los independentistas que liberen las instituciones y las desbloqueen”. “Tenemos que superar el conflicto y construir convivencia. El independentismo está sufriendo una crisis importante. Está impidiendo de facto que el Parlamento haga su trabajo. El bloqueo significa paralizar cuestiones que afectan a los catalanes», ha expresado la ministra.