La jueza responsabiliza del archivo del caso máster a la "pasividad" de la URJC

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha desestimado el recurso de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) contra el archivo parcial del caso máster, a la que responsabiliza del resultado final de su investigación por su «pasividad» y porque «su actuación no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos». Rodríguez Medel ha admitido que ya se han llevado a cabo «las diligencias sustanciales» de la investigación por falsedad a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y a otros imputados, por lo que la instrucción puede estar próxima a su fin.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, rechaza el recurso de reforma de la URJC -con el visto bueno de la Fiscalía- contra el archivo para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, por lo que ahora la universidad tiene que decidir si acude en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid.

La universidad recurrió porque apreció que sí había indicios de delito en algunos alumnos y profesores, pero la magistrada no lo entiende así e, incluso, carga contra la institución a la que responsabiliza del resultado final de la investigación.

Pese a que «la URJC ha cumplido, en plazo, con todos los requerimientos de documentación que se han hecho desde este órgano judicial», la instructora cree que «su actuación no ha ayudado en nada al esclarecimiento de los delitos que se estaban investigando». Como ejemplo, explica que «tan pronto se informaba que determinada documentación no aparecía como, sorpresivamente, la misma se encontraba», como sucedió con la solicitud de convalidación de créditos del presidente del PP, Pablo Casado.

Además, «meses después de iniciar la investigación aparece una caja en dependencias del Instituto de Derecho Público de la URJC con documentación que afecta a la misma sin que esta instructora acabe de entender qué tipo de diligencia llevó a que no se realizara un inventario exhaustivo, incluso ante notario, de lo que había y no había en los despachos del Instituto desde el primer día en el que se tuvo noticia de las irregularidades que podían afectar al mismo».

En este punto, la jueza denuncia la «pasividad» de la universidad en la causa ya que «la URJC no ha solicitado ninguna diligencia de investigación a lo largo de los sucesivos meses de instrucción», una cuestión de la que se han hecho eco todos los investigados en sus escritos de impugnación contra el recurso de la Rey Juan Carlos. Y añade que «sin duda hubiera ayudado a esclarecer los hechos objeto de investigación si la documentación de la URJC hubiera dado garantías de integridad y fiabilidad» pero «no es el caso»

En su recurso, la URJC sostenía que la decisión del Tribunal Supremo respecto del líder del PP, en las que no ve delito, no pueden ser extrapoladas al resto de los alumnos investigados. Pero la jueza entiende que sí porque, por ejemplo, Casado no era el único que estaba eximido de ir a clase, pues «esta situación era idéntica en relación con otros alumnos investigados», como a la profesora de la URJC María Dolores Cancio, al exalto cargo del PP Alida Mas Taberner o a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Es por ello que «no se aprecia una situación diferente entre unos y otros alumnos que haga que la doctrina del TS (dictada para el Sr. Casado) no tenga que aplicarse a los demás alumnos». Igual sucede con los profesores. La jueza cree que la URJC incurre en una «contradicción» por basar la presunta responsabilidad penal de los docentes en las declaraciones de los testigos a las que da plena credibilidad en contraste con la documentación aportada por la propia Universidad.

Es por ello que para la magistrada «no deja de ser paradójico que sea ahora la URJC» la que insta la continuación del procedimiento por delitos de prevaricación de sus profesores, pero «lo hace de manera genérica, sin individualizar mínimamente las conductas delictivas de cada profesor y de cada alumno, con base en declaraciones – no con base en documentación de ningún tipo».

Por otra parte, la jueza saca de la causa a una de las profesoras del tribunal, Alicia López de los Mozos, porque pese a que «sus declaraciones distan mucho de ser fiables» y «su actuación resulta incomprensible en algunos aspectos esenciales», precisa que los indicios no son lo suficientemente sólidos en relación con el delito de falsificación, como así argumenta la Fiscalía.

En cambio, desestima la pretensión de la hija de la exasesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid María Mateo Feito y del exrector de la Universidad Fernando Suárez Bilbao, que solicitaron el sobreseimiento libre y no provisional de la causa.

Citado como testigo Rafael Van Grieken

La jueza ha citado a declarar como testigo el próximo 31 de octubre al consejero madrileño de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken, para que aclare que pasó en la URJC el 21 de marzo, cuando estalló el escándalo del título de la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

Rodríguez-Medel, ha admitido citar a Van Grieken a petición de Enrique Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y principal imputado.

Aunque la diligencia no es «esencial», dice la magistrada en un auto, sí que es «pertinente», dado que el consejero madrileño «fue uno de los interlocutores, directo o indirecto a través de su personal, del rector Javier Ramos». Hechos, prosigue la jueza, «que culminaron con la indiciaria falsificación del acta de trabajo fin de máster» de la expresidenta madrileña.

El mismo Van Grieken, reprobado por la Asamblea de Madrid a raíz de la «crisis institucional» abierta tras el caso, admitió que pidió «institucionalmente» al rector de la URJC, Javier Ramos, toda la documentación pertinente para «aclarar las informaciones que habían aparecido» sobre el máster de Cifuentes.

También a petición de Álvarez Conde, la jueza ordena a la Policía que identifique a los titulares de los teléfonos que realizaron o recibieron llamadas el día en que estalló el caso. Sin embargo, rechaza solicitar un nuevo informe sobre las firmas de seis actas de trabajos de fin de máster de compañeros de promoción de Cifuentes, atribuidas a Álvarez Conde y de las que éste se desvincula.

Tampoco admite pedir a la URJC información sobre las personas que accedieron a los despachos de Álvarez Conde para esclarecer la supuesta desaparición de información y el borrado masivo de correos (unos 5.400) entre 2008 y 2014, periodo que incluye los másteres cursados por Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

Una diligencia «inútil», a ojos de la jueza, teniendo en cuenta que no está relacionada con la investigación que ha quedado en el juzgado tras archivar buena parte del caso, y que ahora únicamente se circunscribe a la presunta falsificación del acta de defensa del TFM de Cifuentes.

En otro auto, la jueza rechaza una vez más, como dijo la Audiencia Provincial de Madrid, que su investigación sea general y prospectiva, como señaló Álvarez Conde en uno de sus recursos, ahora desestimado. Lo hace a sabiendas de que dicho recurso carece ya de finalidad, dado que buena parte de la causa ha sido archivada, por lo que se diluye este argumento de Álvarez Conde, que siempre le reprochó a la jueza estar investigando sin parangón cualquier resquicio de los títulos de máster de Derecho Público del Estado Autonómico que se impartían en la URJC.