El Ministerio de Educación ha creado una Comisión de Trabajo para analizar y evaluar, junto a las autoridades sanitarias, la evolución y el impacto de la pandemia en el ámbito de la educación no universitaria y de la FP, y en su caso adoptar las medidas necesarias de cara al inicio y desarrollo del próximo curso.
Lo más importante: la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha insistido en los últimos días que las escuelas deben estar abiertas en septiembre –«es un objetivo irrenunciable», ha remarcado– y en caso de tener que priorizar por las circunstancias de la pandemia serían los alumnos de primaria e infantil los que continuaran el curso de manera presencial.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la información obtenida de ese seguimiento servirá para efectuar las recomendaciones y adoptar las decisiones precisas en respuesta a las situaciones que se produzcan, en coordinación y colaboración con las administraciones educativas y sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a las comunidades autónomas.
Las funciones de la Comisión de Trabajo serán favorecer el intercambio de información entre el Ministerio y las restantes administraciones educativas, establecer cauces de intercambio de información y propuestas con el Ministerio de Sanidad e identificar necesidades que pudieran aconsejar modificaciones en la normativa o en la gestión de los recursos. Además, identificará las desigualdades en el acceso a la educación incrementadas por la interrupción o disminución de actividades lectivas, a fin de promover acciones destinadas a compensarlas.
La Comisión, que mantendrá su funcionamiento mientras duren los efectos derivados de la pandemia, está presidida por el titular de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa e integrada por seis vocales con rango de Subdirector General de distintas áreas del ministerio, como FP, Evaluación y Cooperación Territorial o Planificación y Gestión Educativa