Los trabajadores sociales denuncian que los retrasos de la ley de dependencia triplican el plazo previsto

La ley de dependencia cumple 15 años. Por el camino, millones de beneficiarios, pero también miles de personas que murieron con el derecho reconocido sin acceder a los recursos públicos. «Son 15 años de luces y de sombras», reconocen desde el Consejo General del Trabajo Social. El sector se queja de que las resoluciones triplican el plazo de seis meses que marca la ley y que la financiación es «insuficiente». Piden que las ayudas tengan en cuenta criterios sociales y no solo funcionales y que se mejoren sus condiciones laborales. Este miércoles entra en vigor la norma que actualiza la base de cotización de 66.000 cuidadores no profesionales.

El año pasado 1.111.792 dependientes se beneficiaron de una prestación, lo que representa el 82% del total de las personas con el derecho reconocido, según datos del Imserso. La Asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales cifra en 433.000 las personas que se encontraban en las listas de espera de la dependencia en octubre. Un número que no deja de aumentar, pese a los esfuerzos de las Administraciones. En abril, el Consejo de Ministros aprobó un plan de choque para paliarlo y distribuyó entre las regiones 731 millones de euros procedentes de los fondos europeos destinado a la «economía de los cuidados».

Sin embargo, el tiempo que un dependiente espera la resolución de su solicitud en España está muy por encima de los seis meses que marca la ley. El procedimiento se retrasa una media de 15 meses, aunque hay comunidades en las que la demora alcanza los dos años. «Hay regiones que realizan una labor brillante, que se ajustan a la ley, pero en otras se tarda años en obtener los recursos», se queja una vocal del Consejo, que representa a 36 colegios profesionales y más de 42.000 trabajadores.

Un sistema «infradotado»

No es el único asunto que preocupa al sector. Los trabajadores sociales afirman que en estos 15 años se han quedado pendientes muchas cosas, fundamentalmente porque el sistema está «infradotado» económicamente. Hay ayudas, pero no alcanzan a cubrir las necesidades. «Las comunidades ponen la mayor parte del dinero, hay que trabajar para que la financiación sea compartida al 50% entre las regiones y el Estado», insiste la representante de los trabajadores sociales, que prefiere mantener el anonimato.

En la actualidad, y según datos de la asociación de directores y gerentes, el 84% de la financiación del sistema lo aportan las comunidades autónomas, más de 7.517 millones de euros en 2020. La aportación estatal fue de 1.390 millones. El gasto anual medio por dependiente se estableció el año pasado en los 7.991 euros, pero hay regiones que gastaron más por beneficiario, como País Vasco (12.480 euros) o Extremadura (11.695) y otras que estuvieron muy por debajo de esa cantidad (las que menos, Andalucía, con 6.251 euros, y Galicia, con 6.547). 

«Hay bastante disparidad en función de la región en la que vivas. En algunas hay atención doméstica y, en otras, los beneficiarios están obligados a abonar un copago», insiste la vocal del Consejo. Como ejemplo, la figura del asistente personal, una persona que acompaña permanentemente al dependiente que no quiere abandonar su vivienda y que prácticamente solo desarrolla en el País Vasco, según esta experta. 

Otro hándicap para esta profesional es que la atención sigue recayendo en el sexo femenino. «No se está revirtiendo de ninguna manera. Los recursos son limitados y eso impide la profesionalización del sector. Hay que mejorar los convenios y la formación». No obstante, este miércoles, coincidiendo con el 15 aniversario de la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra en vigor un nuevo decreto que permitirá actualizar la base de cotización de 66.000 cuidadores no profesionales. El 88% son mujeres. 

La experta también pone en entredicho las valoraciones sobre dependencia que se realizan. En su opinión «solo se toman en cuenta criterios funcionales» y pide que se incorporen otros sociales, como si el dependiente tiene familia o las condiciones en las que vive. Su organización critica la burocratización del sistema, pero también su rigidez, ya que «las necesidades varían, tienden a ir a más, pero no hay flexibilidad para los cambios».

Efectos de la pandemia

Desde el Consejo General del Trabajo Social lamentan que la pandemia aumentara el tiempo que dedican los dependientes a conseguir una ayuda. Una problema en el que incidieron los recortes que sufrieron las comunidades autónomas en 2012, según los profesionales. «Este Gobierno aprobó a principios de año un plan de choque de más de 700 millones y los tiempos de espera han vuelto ya al nivel prepandémico. Pero debemos seguir incidiendo en la debilidad del sistema. Muchas personas quedaron confinadas en soledad. En líneas generales, hay que mejorar los cuidados», solicitan.

Los Presupuestos General del Estado para el próximo año duplica la aportación para la dependencia. Las partidas estatales serán de 2.629 millones de euros. Un dinero con el que, según la asociación de directores y gerentes, se podrían atender 131.000 personas más, reduciendo así las listas de espera en un 25%. Además, sostienen que estas cifras van a generar 35.000 nuevos empleos en el sector. «Hay que apoyar a las familias que deciden ser cuidadoras», afirma la vocal del Consejo General del Trabajo Social. Hasta ahora, muchas de ellas no tienen opción de elegir.

La experta comenta que el sector celebró la ley cuando se aprobó. Una de las personas que la hizo posible fue Ana Pastor, diputada del PP. Tres lustros después considera que es una ley positiva: «Llegamos a mayores, pero perdemos la salud. Señalé entonces que se necesitarían recursos y equidad en los accesos, y eso es justo lo que hace falta», insiste la vicesecretaria de Política Social del PP. Solicita una cartera de servicios para que los españoles tengan las mismas oportunidades, independientemente de donde vivan. Pastor también aboga por que se utilicen más fondos europeos y que exista una mayor coordinación entre las regiones: «Un servicio único con una historia clínica y social compartida».

Unidas Podemos sostiene que la ley ha tenido dos grandes hitos, uno con su aprobación durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y otro con la llegada de su partido al Ministerio de Derechos Sociales, cuando «ha alcanzado sus mayores cuotas de financiación». Sònia Guerra, portavoz de Derechos Sociales del PSOE, insiste en que es una norma que «consolida y fortalece nuestro Estado de Bienestar». Lamenta que durante los años de gobierno de Mariano Rajoy los recortes afectaran a los dependientes, pero asegura que a finales de 2022 no habrá ninguna persona sin recibir la prestación que le corresponda.