El Gobierno incumple su compromiso de incorporar la podología a la sanidad pública
Ha transcurrido más de un año desde que el Congreso avaló por unanimidad su inclusión en el Sistema Nacional de Salud
Un paciente es atendido en la consulta del podólogo | Europa Press
La podología es una de las disciplinas más desconocidas y vilipendiadas de nuestro sistema sanitario. Y por si no fuera suficiente con el desconocimiento social generalizado que sufre esta profesión, ahora también se ha unido la desconsideración de un Gobierno que, casi un año y medio después de comprometerse a incluir esta especialidad en nuestra sanidad pública, sigue sin hacer honor a su palabra.
Lamentablemente, la visión de esta titulación que se tiene en España está fuertemente distorsionada por el prisma de la ignorancia y la desinformación. Por eso, parece cuanto menos pertinente comenzar derribando la erróneamente extendida creencia popular de que el podólogo únicamente se dedica a cortar uñas, limar callos y quitar durezas.
Un podólogo no es lo mismo que un pedicurista ni un esteticista, su función no es la de poner guapos a nuestros pies para lucirlos en la temporada de sandalias. Nada más lejos. La podología es una especialidad que tiene por objeto el análisis, diagnóstico y tratamiento de las afecciones y trastornos vinculados a los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina. Requiere años de estudio y preparación y resulta crucial en la prevención de algunas de las patologías más extendidas y mortales de nuestra sociedad, como por ejemplo, la diabetes.
Una lucha incesante
El colectivo de la podología es plenamente consciente de su importancia y de su necesidad, y lleva muchos años luchando para adquirir la visibilidad y el reconocimiento que los organismos públicos tanto se resisten a concederle. Esa persistente lucha parecía haber obtenido sus frutos cuando, el 23 de marzo de 2021, el Congreso aceptó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Plural para la inclusión de la podología en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La propuesta pedía al Congreso de los Diputados que instase al Gobierno a «ampliar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para incorporar servicios podológicos, incluyendo especialmente y en un breve plazo, la podología en atención primaria y especializada y el cuidado del pie geriátrico, del pie infantil y del pie diabético».
La iniciativa se aprobó de forma unánime con una enmienda transaccional de PP y PSOE. En la misma solicitaban que dicha inclusión se realizara tras los informes del Ministerio de Sanidad y con la aprobación definitiva del Consejo Interterritorial de Salud, formado por el citado Ministerio y por las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas.
No obstante, casi un año y medio después y habiendo transcurrido holgadamente el plazo marcado, el compromiso adquirido por el Gobierno parece haber quedado en agua de borrajas. Por ese motivo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos (CGCOP) ha regresado a la palestra para reivindicar la incorporación, de una vez por todas, de la podología en la sanidad pública.
Así lo ha solicitado, con su presidenta Elena Carrascosa Romero a la cabeza, en un comunicado emitido el pasado mes de mayo en el que reconocían sentirse «contrariados por no haber recibido ningún tipo de noticia sobre la realización de dicho estudio, ni haber conseguido reunirse con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia para tratar aspectos relacionados con la posible inclusión del servicio». Así se lo han hecho saber a la portavoz de Sanidad por el Grupo Parlamentario Socialista, Ana Prieto, y a los representantes sanitarios de los diferentes grupos políticos.
Del mismo modo, diferentes asociaciones de afectados, varios colegios de enfermería, y los colegios de podólogos de numerosas comunidades autónomas como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, la Rioja o Andalucía han apremiado a sus respectivos consejeros de Sanidad para que defiendan esta medida y presionen al Consejo Interterritorial para su efectiva puesta en marcha.
«Solo nos falta el apoyo político»
Este diario ha hablado con Elena Carrascosa, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, para conocer el estado actual de la situación y el sentir general del colectivo. «La proposición no de ley establecía que en el primer trimestre de 2022 se estudiaría la viabilidad de incluir la podología en la cartera de servicios del SNS. Está a punto de finalizar el segundo trimestre y no hemos recibido noticias», apunta.
Carrascosa afirma que la presidenta de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz Gimeno, ha contestado en reiteradas ocasiones que «tienen intención de abordar la incorporación, pero existen otros asuntos más importantes». Asimismo, la directiva asegura que en varias ocasiones han intentado concertar una reunión con la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, pero no han sido recibidos.
La presidenta del Consejo informa a THE OBJECTIVE de que actualmente en España solo hay dos comunidades autónomas que incluyen la podología en su cartera de servicios: Cantabria y Baleares. «En Valencia se ha creado la categoría profesional, pero no se ha dotado de plazas». En este sentido, la especialista en Podología garantiza que su aplicación a nivel nacional supondría «un considerable ahorro económico para el país», y hace hincapié en la necesidad de concebir el sistema «sobre la base de la prevención». «Solo de esa manera evitaremos el desarrollo de adultos enfermos, que no puedan caminar ni realizar su profesión y que se vean obligados a coger bajas laborales frecuentes», sostiene.
«Contamos con el apoyo de sindicatos y de otros colectivos de profesionales sanitarios, contamos con el aval de sociedades científicas, de otros consejos sanitarios y de plataformas de pacientes, pero nos falta el apoyo político», manifiesta Carrascosa, que no quiere de ninguna manera que esta iniciativa «caiga en el olvido», como ha ocurrido con otras tantas propuestas legislativas.
«Dependo de los médicos residentes para que me hagan las recetas»
THE OBJECTIVE se ha puesto en contacto con una de los tres profesionales que actualmente están ejerciendo la podología en la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esta situación tiene trampa: tanto ella como sus compañeros son podólogos titulados, pero dado que Madrid no incluye esta especialidad en su cartera de servicios, dos de ellas han tenido que aceptar un contrato de técnico de grado medio para poder desempeñar su profesión. Por su parte, el tercero en discordia sí que dispone de un contrato de graduado al cual ha accedido a través de unas oposiciones públicas, pero bajo una modalidad de contratación privada efectuada por el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
«Existen varias unidades de pie diabético en Madrid que dicen tener contratados a podólogos, pero en realidad se trata de enfermeros que hacen funciones de podólogo». Algo inadmisible porque «no tienen las mismas competencias», revela a este periódico la profesional sanitaria, que prefiere mantenerse en el anonimato.
La especialista denuncia que, por culpa de esta situación, «dependo de los médicos residentes para que me hagan las recetas», ya que al estar sometida bajo esa forma de contrato «se mutilan las funciones propias de mi profesión». Además, esto repercute directamente en el trabajo de sus compañeros, ya que «se ven sobrecargados, teniendo que llevar a cabo aún más tareas de las que les corresponden». Nuestra fuente es doctora en Podología con una calificación de cum laude, tiene dos másteres y una mención en su tesis doctoral, pero a pesar de su excelsa trayectoria, asegura que «me avergüenza tener que tapar mi chapa identificativa, porque, aunque soy doctora, en ella pone ‘Técnico de grado medio’, y los pacientes me miran con condescendencia».
«La situación es bastante lamentable. Por cada euro que se invierte en prevención se podrían ahorrar cinco en tratamientos», lamenta la doctora, que se muestra pesimista en cuanto a fructificación de esta propuesta. Además, habla de la incongruencia que supone el hecho de que «España invierte grandes cantidades de dinero en instituciones públicas para formar podólogos que al final tienen que prestar sus servicios en consultas privadas».
Además, recuerda que en el año 2016, el por aquel entonces consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, anunció la incorporación de la podología a la cartera de servicios de la Comunidad. No obstante, «por los intereses que fueran», esto no llegó a materializarse. La podóloga considera que «se está menospreciando a un colectivo que debería ser un pilar fundamental de la atención primaria».
Más del 70% de los problemas en los pies podrían resolverse
La incorporación de la podología en atención primaria tendría un impacto positivo en término de costes: descargaría las consultas de atención primaria, reduciría la derivación a varias consultas especializadas, disminuiría las listas de espera y los costes derivados de las bajas laborales relacionadas, bajarían los costes derivados de las amputaciones de pie diabético y se ahorrarían gastos de urgencias podológicas al ser atendidas por un único especialista.
Más del 70% de los problemas en los pies podrían resolverse con podólogos en los centros de salud, sin llegar a los hospitales, y el 40% de las lesiones en el pie diabético se podrían evitar si se diagnosticasen y tratasen de una manera precoz, en fase ambulatoria. Por otro lado, en la actualidad se calcula que más del 80% de las personas mayores necesitan de los cuidados de un profesional de la podología de una manera periódica. Además, se ha demostrado que con prevención se pueden reducir las amputaciones hasta un 85%.
