La Audiencia Nacional estudia adelantar el fin de las mascarillas de forma inmediata
La Asociación Liberum ha pedido medidas cautelarísimas para que el cubrebocas deje de ser obligatorio en el transporte público a partir de este miércoles
La Asociación Liberum ha presentado este martes ante la Audiencia Nacional una solicitud de medidas cautelarísimas para que se elimine de manera inmediata, sin esperar hasta que lo decrete el Gobierno de España, el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos. El equipo jurídico de la entidad solicita así «la suspensión de la acción vulneradora de derechos fundamentales que a día de hoy sigue lesionando la salud de los ciudadanos, que son obligados a llevar mascarilla en los transportes públicos y que, sin justificación científica ni epidemiológica que lo avale, se pretende mantener hasta el 7 de febrero».
La Sala de lo Contencioso Administrativo tiene hasta este miércoles para resolver, y cuando lo haga podría truncar los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pretende acabar con la obligatoriedad del cubrebocas un día antes de estar obligado por la Justicia a entregar los informes de los expertos que justificaron mantener la medida durante meses, pese a que la UE recomendó dejarlas de llevar en julio.
En el escrito presentado por Liberum ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se solicita la suspensión inmediata de la medida citada, ya que de lo contrario, «haría perder la finalidad legítima al recurso presentado por esta parte, causando perjuicios de imposible reparación a los derechos fundamentales de los recurrentes y a los intereses públicos».
La asociación, nacida con el objetivo de «restaurar los derechos y libertades que nos han sido usurpados en el transcurso de la pandemia de la covid-19», hace alusión al el recurso contencioso-administrativo que presentó el pasado 20 de noviembre, cuando el uso obligatorio de la mascarilla en los transportes públicos ya era historia en muchos países del continente. Escudándose en los expertos, el Gobierno decidió que España sería una excepción. Tanto que el 9 de diciembre se convirtió en el único lugar de Europa donde llevar el barbijo seguía siendo forzoso.
Liberum impugnó entonces la decisión del Ejecutivo ante la Audiencia Nacional al entender que seguía imponiendo la mascarilla «sin tener en cuenta las mejoras en la situación epidemiológica». La asociación estimó en su queja que el Ministerio de Sanidad estaba «incumpliendo el protocolo de actuación frente a la covid-19», en vigor desde el 3 de junio del año pasado y revisado el 8 de noviembre.
El 10 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional decidió admitir a trámite el escrito formulado por Liberum. Y eso, a pesar de que la Abogacía del Estado esgrimió que la competencia para resolver el asunto correspondía a la Sala Tercera del Tribunal Supremo porque lo que se estaría impugnando sería el real decreto que modifica la obligatoriedad del uso de las mascarillas.
Pero finalmente los magistrados estimaron que la decisión correspondía a la AN. Y esta requirió al Ministerio de Sanidad que remitiera los expedientes administrativos y los informes de la Ponencia de Alertas. Dio para ello un plazo de 20 días, que se cumplen el 8 de febrero. Los denunciantes aseguran que ese es el motivo por el que el Ejecutivo anunció el fin de la obligatoriedad para justo un día antes.
«Motivos políticos»
«No existiendo motivos epidemiológicos, científicos o médicos que avalen el mantenimiento de la medida hasta el día 8 de febrero de 2023, tal y como ha informado la ministra, esta medida sea retirada de inmediato, sin más dilación, ya que al estar vigente esta medida restrictiva de derechos en los transportes públicos sin justificación alguna, además de impuesta por la vía de los hechos, fumus boni iuris, con intensas irregularidades palmarias, estaría causando un daño de muy difícil reparación, siendo motivo de periculum in mora», abunda el escrito.
El texto presentado este martes por Liberum ante la Audiencia Nacional zanja pidiendo, por lo expuesto, que «se acuerde la inaudita parte de medidas cautelarísimas de suspensión de la obligación citada consistente en retirar las mascarillas en los transportes públicos, ya que la obligatoriedad de dicha medida no se ajusta a motivos científicos ni médicos, sino políticos». En conversación con este medio, el abogado Luis María Pardo, representante de la entidad, confía en que «mañana mismo (en referencia al miércoles) se acabe con esta sinvergonzonería».