Ex altos cargos de Sanidad se acogen a su derecho a no declarar sobre las mascarillas
Estas suponen las primeras declaraciones desde que se denunciaron los hechos investigados, en mayo de 2020
El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa | Fernando Sánchez (Europa Press)
Dos ex altos cargos del Ministerio de Sanidad y otros tres responsables adscritos al mismo se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez que investiga el reparto de mascarillas no homologadas en abril de 2020, en plena pandemia, alegando un defecto en la causa, mientras que dos expertos en prevención de Andalucía y Cataluña han relatado cómo detectaron posibles irregularidades.
El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid había citado para este martes a siete investigados en esta causa, en lo que supone las primeras declaraciones desde que se denunciaron los hechos en mayo de 2020, hace casi cuatro años. La querella de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se dirigió contra el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por un presunto delito contra los trabajadores, y denunciaba que se distribuyeron mascarillas FFP2 defectuosas en centros hospitalarios durante las semanas más duras de la pandemia.
El Supremo consideró prematuro actuar contra el ministro y la causa siguió en un juzgado madrileño, que trató de inhibirse en un juzgado catalán, puesto que ya en ese momento Illa era diputado catalán, pero el caso volvió a los juzgados de Plaza de Castilla, donde el titular del Juzgado de Instrucción 14 lo archivó, pero la Audiencia Provincial le ordeno reabrir para practicar diligencias.
Una vez reabierto el caso y recibidos los informes solicitados al Ministerio, el magistrado ha llamado a declarar a siete investigados, entre ellos dos ex altos cargos de Sanidad: la que era directora general de Servicios de Sanidad, Patricia de la Cruz, y su subdirectora Cristina González.
Tanto ellas como otros tres cargos que en aquel momento estaban adscritos a Sanidad -uno pertenecía a Sanidad, otro a la Oficina de Patentes y Marcas y el tercero al ICEX- se han acogido a su derecho a no declarar argumentando que han presentado un recurso porque hay un defecto técnico procesal, según ha explicado el letrado de la CESM, Guillermo Llago. Estos cinco investigados están representados por la Abogacía del Estado.
Sí han declarado ante el magistrado la que era subdirectora de prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de Salud, que ha relatado que fueron más de 9.200 los sanitarios que utilizaron las mascarillas supuestamente defectuosas en los aproximadamente 15 días que estuvieron disponibles, y que 38 se contagiaron de coronavirus en aquellos días.
Por su parte, la que era técnico de prevención de riesgos laborales del hospital Parc Tauli de Sabadell ha expuesto que el día que llegaron las mascarillas a principios de abril de 2020 las examinó y sospechó, por lo que informó a su dirección, pero no se le autorizó que remitiese las mascarillas al Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo hasta varios días después, ha relatado el abogado.
Guillermo Llago ha precisado que estas dos expertas en riesgos laborales es previsible que dejen de ser investigadas en la causa, ya que alertaron de una posible irregularidad. El abogado ha destacado, en declaraciones al salir de los juzgados, que «si no hay nada que tapar, no entendemos muy bien el porqué (los ex altos cargos) no han venido a aclarar las circunstancias de la adquisición de estas mascarillas, la distribución directa sin verificar».
Ha precisado que las mascarillas que no cumplían los parámetros para asegurar la salud de los sanitarios llegaron en un vuelo el 30 de marzo de 2020 y se distribuyeron, y no fue hasta el día 16 de abril cuando Patricia de la Cruz hizo que se retirasen todas las mascarillas sospechosas. Y eso es una negligencia para el CESM.
«Quisieron tapar las bocas de la gente, diciendo pues ahí tenéis material… y cualquier cosa que entraba se distribuía», ha dicho el abogado, que ha añadido que «cuando te enfrentas al Estado siempre es complicado, la Administración es una maquinaria difícil y tardó casi siete meses (de noviembre de 2022 a julio de 2023) en contestar el oficio» que les remitió el juez para que aportasen informes sobre aquellas compras.
