El 22% de los médicos de familia en Cataluña no tiene la especialidad homologada
Se trata de 1.327 facultativos de los 6.100 sanitarios de Atención Primaria que trabajan en la comunidad de Salvador Illa

Varios pacientes esperan en una sala de espera en el CAP Masdevall, Figueras. | Europa Press
La situación de los médicos extracomunitarios en España se vuelve cada vez más insostenible. Distribuidos por toda la España vacía para hacer frente a las carencias de los sistemas sanitarios y ocupar puestos en especialidades con falta de profesionales, en Cataluña –la única comunidad autónoma que cuenta con una sección colegial específica para representar a médicos extracomunitarios, a través del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y el de Tarragona– un 22% de los médicos de familia ejercen sin tener la especialidad homologada.
Son datos de la Consejería de Salud de Cataluña a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En el registro de profesionales sanitarios Cataluña (RPSC) constan 3.217 profesionales que realizan su actividad en Cataluña sin la homologación de la especialidad (2.807 de la red concertada y del ICS). Del total, 1.327 trabajan como médicos de familia en Atención Primaria (AP). Esto supone que sobre el conjunto de médicos sin homologar la especialidad en Cataluña, el 41% ejercen de médicos de familia. Actualmente, hay un total aproximado de 6.100 médicos de familia en Cataluña en AP; por tanto, el 22% de los médicos de familia no tiene la especialidad homologada.
Una situación que se explica por la falta de facultativos en los centros de salud que obliga a las Administraciones a tirar de especialistas extracomunitarios que aún no han podido homologar su especialidad en España. Según el sindicato Metges de Catalunya, en Cataluña se estima que faltan unos 400 médicos de Atención Primaria. Los datos oficiales de los informes de gestión del Consell de Direcció de l’Institut Català de la Salut (ICS), entre los años 2010 y 2021 se perdieron unos 689 facultativos, de los cuales 300 todavía no se han recuperado. A esta pérdida de médicos hay que sumarle que la población catalana ha crecido en los últimos años. Si en 2010 Cataluña contaba con casi 7,5 millones de habitantes, ahora supera los 8,1.
Práctica extendida en toda España
No obstante, esta situación no es una cuestión propia solo de Cataluña, sino que trata de una práctica extendida por toda España, sobre todo, en zonas rurales, «donde los MIR no quieren ir». El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, reconocía recientemente que en la comunidad aragonesa trabajan 113 médicos en esa situación, 109 de ellos en Atención Primaria. «El Ministerio no nos deja otra opción», declaraba. En Salamanca, su Colegio de Médicos manifestaba hace apenas unos días su preocupación por «la velocidad con la que está aumentando el número de médicos sin especialidad que asumen consultas de Atención Primaria». Según apuntan desde el Colegio y recoge La Gaceta de Salamanca, «hace un par de años habría una decena de médicos extracomunitarios en Salamanca, pero actualmente ya son cerca de 50» –afirman– y las perspectivas apuntan a que la cifra pueda seguir aumentando porque sigue sin alcanzarse el ansiado equilibrio entre los MIR que terminan su formación y los facultativos que se jubilan.
Sin embargo, esta situación no solo ocurre en AP, también son miles los médicos extracomunitarios sin la especialidad homologada que ejercen de especialistas en atención hospitalaria. De esta forma, estos médicos extranjeros, que durante la pandemia sí pudieron ser contratados sin el MIR ante la escasez de personal –amparados en el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre de 2021 (vigente hasta diciembre de 2022)–, son contratados como «médicos generales» y, en muchos casos, adjuntos al Servicio que corresponda. Así, ejercen su labor de especialista sin que en su contrato aparezca el término especialista. Y ahí la trampa. «Es una situación de pseudolegalidad que no es justa y que a nadie le interesa» y que crea problemas jurídicos bastante serios, hace hincapié una de las fuentes consultadas, que denuncia además «la desventaja» con la que trabajan: «Los contratos son temporales sin opción a ascender dentro del hospital y en cualquier momento nuestro puesto puede ser ocupado por un MIR o por cualquier otro médico que reúna todos los requisitos».
Con una espera de unos siete años para certificar la especialidad en España –en el mejor de los casos–, homologar la especialidad es una misión imposible: «El Gobierno y las administraciones nos están baboseando y mareando la perdiz», cuenta una fuente afectada que prefiere mantenerse en el anonimato, «no hay ni interés ni económico ni político en que esto se resuelva, porque sencillamente los médicos extracomunitarios somos petróleo barato», agrega este facultativo, que tras más de 30 años ejerciendo su especialidad en España aún no ha podido homologarla.
Ante esta situación, la sección colegial que representa a médicos extracomunitarios a través del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y el Colegio Oficial de Médicos de Tarragona ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad –a solicitud del propio departamento de Mónica García, que en noviembre abrió consulta pública para agilizar el proceso de homologación– con una serie de aportaciones para mejorar la situación actual. Según se desprende del documento, el número de solicitudes de homologación en los últimos siete años ha sido de alrededor de 4.400, de los cuales se han homologado 550 títulos.
Para estos facultativos, el principal cuello de botella en la tramitación de los expedientes de reconocimiento de títulos de médico especialista extracomunitarios se encuentra en la equivalencia cronológica de los títulos. Y es que el sistema latinoamericano es un sistema de especialidades troncales; es decir, los médicos hacen una residencia asistencial de dos años y luego otros tres de especialidad. Sin embargo, estos dos primeros años no cuentan para Sanidad a la hora de homologar los títulos en España, donde las especialidades suelen tener entre cuatro y cinco años. Desde esta sección colegial aseguran que, cinco meses después de la apertura de la consulta pública, el Ministerio de Sanidad aún no se ha pronunciado al respecto.