El 41% de los médicos de familia retrasa su jubilación ante la presión del sistema sanitario

La falta de médicos en Atención Primaria y en otras especialidades deficitarias ha reavivado el debate sobre la necesidad de prolongar la vida laboral de los facultativos en España. El relevo generacional de los médicos no está asegurado y solo el retraso de las jubilaciones evita el desmoronamiento del sistema. Un informe publicado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada (Simeg) analiza las condiciones de la jubilación demorada en 2025 y plantea que permitir que los médicos continúen en activo más allá de la edad legal de retiro podría aliviar, al menos parcialmente, la presión asistencial que sufre el Sistema Nacional de Salud (SNS).

La edad de jubilación para los médicos en España está sujeta a varios factores, como la edad legal (actualmente 65 años, con opción de prolongación a los 67 según cotización) y la jubilación forzosa a los 65 con 37 años y nueve meses cotizados, aunque existen posibilidades de jubilación voluntaria anticipada o prolongación de la vida laboral más allá de los 70 años, especialmente en Atención Primaria, para paliar el déficit de profesionales. 

Según el informe mencionado que contiene datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, el promedio de jubilación de los médicos de AP entre 2019 y 2022 es el siguiente: con 63 años se jubilaron el 10%, con 64 años el 8%, con 65 años el 41%, con 66 años el 24%, con 67 años el 8%, con 68 años el 4%, con 69 años el 1% y con 70 años 4%. Así, el 41% de los facultativos de Primaria se jubilan pasados los 65 años, lo que supone un parche momentáneo al grave problema de falta de personal. 

En la actualidad, sindicatos médicos calculan que hay un déficit de unos 5.000 médicos en Atención Primaria. Una cifra que empeorará en la próxima década, ya que el sistema sanitario deberá hacer frente a una jubilación masiva de profesionales sin contar, por el momento, con un relevo generacional suficientes. Como contó THE OBJECTIVE, el 54,9% (33.894) de los médicos de familia y el 42,6% (4.732) de los pediatras tienen más de 50 años. Es más, el 27,8% y el 20,1%, respectivamente, ya ha cumplido los 60

Un déficit que asfixia a la Atención Primaria

El informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada alerta de que la presión asistencial es especialmente grave en Atención Primaria, donde muchos médicos atienden a 40, 50 o más pacientes al día, y las demoras en las citas pueden superar la semana. Esta falta de tiempo repercute directamente en la calidad asistencial y termina afectando a todo el sistema, desde las urgencias de los centros de salud hasta los hospitales, que en numerosas ocasiones sufren situaciones de colapso.

La jubilación anticipada tampoco ayuda a aliviar las cosas. Desde enero de 2022, sus condiciones se han endurecido y lo seguirán haciendo progresivamente hasta 2033, lo que desincentiva esta vía. Por otra parte, las jubilaciones ordinarias se concentran en torno a los 65 años (41%) y los 66 años (24%), según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, lo que implica que cada año miles de profesionales se retiran sin un relevo suficiente en determinadas especialidades.

En 2024, quedaron 246 plazas MIR de Medicina de Familia sin ocupar tras la segunda adjudicación, y en 2023 la cifra fue de 133. A pesar de que este año se han adjudicado las 9.007 plazas convocadas, incluidas las de Medicina de Familia y Pediatría, persisten dudas sobre cuántos residentes tomarán realmente posesión y cuántos abandonarán durante el primer año.

Incentivos económicos para prolongar la actividad

Desde el 1 de abril de 2025, quienes retrasan voluntariamente la jubilación podrán optar a diferentes complementos de demora: un 4% adicional en la pensión por cada año completo trabajado después de la edad ordinaria (a partir del segundo año, se concede un 2% por cada seis meses); una cantidad a tanto alzado de entre 5.000 y 12.000 euros por año cotizado; no una combinación de ambas opciones.

El informe subraya que, aunque el incentivo se ha incrementado en los últimos años, sigue siendo insuficiente. Un médico que haya cotizado por el tope máximo, por ejemplo, pasaría de una pensión máxima de 3.267 euros mensuales a 3.398 euros con solo un año de demora, lo que representa un aumento de 1.830 euros brutos al año.

No obstante, la Seguridad Social se beneficia de forma significativa: cada año de demora supone un ahorro de más de 45.700 euros en pensiones y un ingreso extra de alrededor de 17.000 euros en cotizaciones. Además, el Estado recauda más impuestos, ya que el médico sigue tributando en activo.

Prolongar hasta los 72 años

Una proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Sanidad plantea ampliar la jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras de Atención Primaria hasta los 72 años. Actualmente, esta modalidad permite trabajar a jornada completa o parcial percibiendo el 75% de la pensión, aunque presenta limitaciones fiscales que hacen que muchos profesionales la consideren poco atractiva. El informe del Simeg insiste en que esta vía puede ser útil en especialidades críticas, siempre que se corrijan las trabas burocráticas y fiscales, y se acompañe de una mejora real de las condiciones laborales.

La jubilación demorada puede ser una herramienta eficaz para ganar tiempo y evitar el colapso del sistema, pero los expertos advierten que no es una solución estructural. La formación de un médico especialista requiere entre cuatro y cinco años tras la licenciatura, lo que obliga a incrementar de forma urgente las plazas MIR en Medicina de Familia, Pediatría y otras áreas deficitarias.

A esto se suma la necesidad de ofrecer plazas estables, mejores retribuciones y un Estatuto del Médico que reconozca la complejidad, dedicación y penosidad de la profesión. Sin estos cambios, advierte el informe, los esfuerzos por prolongar la vida laboral serán insuficientes para retener a profesionales agotados por la sobrecarga asistencial.