Semana negra para Mónica García: otra huelga de médicos y gran manifestación de sanitarios

El Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, afronta una semana compleja debido a diferentes movilizaciones y parones por parte de todo el colectivo sanitario que una vez más se une para mostrar su desacuerdo con el borrador del estatuto marco. El primer día complicado será el próximo miércoles 1 de octubre, cuando toda la profesión sanitaria está convocada a una «gran manifestación» frente al Ministerio de Sanidad.

La concentración ha sido convocada por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de negociación. SATSE informa a THE OBJECTIVE de que se espera la llegada de «miles de profesionales» de toda España. La concentración tendrá lugar de 12.00 a 14.00 horas y en ella, una vez más, manifestarán su desacuerdo con el último borrador del estatuto marco que, en su opinión, «ha quedado desvirtuado y reducido a un documento vacío con todavía más carencias fundamentales de las que ya venían denunciando». «Es incapaz de garantizar derechos ni de mejorar las condiciones laborales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud», subraya SATSE.

Los sindicatos critican que, en lugar de avanzar hacia un marco común para el millón de profesionales de la sanidad pública, las modificaciones pactadas con las comunidades autónomas suponen «un retroceso histórico». «Se abre la puerta a que cada autonomía regule de forma unilateral aspectos esenciales de las relaciones laborales, limitando incluso el papel de las propias mesas sectoriales autonómicas». Por su parte, las comunidades autónomas aseguran que el texto ha sido elaborado de forma unilateral por el Ministerio de Sanidad sin contar con ellas.

Nueva huelga nacional de médicos

Esta gran movilización de sanitarios no será el único acto al que tendrá que hacer frente el Ministerio de Sanidad esta semana. Los médicos han convocado el 3 de octubre una nueva huelga nacional. Los facultativos de toda España colgarán las batas el viernes, en la que ya es la segunda huelga en apenas tres meses. No se veía nada igual desde 1995, cuando los facultativos hicieron huelga durante 44 días por la equiparación salarial.

Esta huelga ha sido convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para seguir mostrando su rechazo al borrador de estatuto marco que quiere aprobar el gabinete que dirige Mónica García, «más restrictivo todavía de los derechos del colectivo según la última propuesta enviada a los representantes sindicales» hace apenas unos días.

Como ya anunció el comité de huelga, se trata de una nueva movilización en esta campaña de rechazo a la norma que comenzó el pasado mes de enero, más encendida si cabe después de conocerse algunos cambios en el texto que promueve Sanidad y que «empeoran aún más las condiciones laborales de los profesionales y suprimen derechos básicos», lo que ha provocado que haya sido calificado como «insulto» por los representantes sindicales.

Según han manifestado los sindicatos, el nuevo texto elimina obligaciones clave para garantizar plantillas adecuadas y criterios de incentivos en puestos de difícil cobertura, así como derechos fundamentales como el ejercicio efectivo de la profesión, la conciliación laboral, la retribución completa en situaciones de incapacidad o maternidad y la negociación de vacaciones y complementos. También se flexibilizan los procesos de selección, la movilidad forzosa y la estructura de la carrera profesional, mientras que se amplían los horarios de trabajo y se reducen los descansos semanales. En situaciones de emergencia o riesgo para la salud pública, se suprime la obligación de fijar condiciones laborales y se permite suspender jornadas y descansos sin consulta de los servicios de prevención de riesgos. Además, se eliminan medidas de protección y compensación para el personal a turnos, incluyendo la remuneración por horas de guardia y la consideración de fatiga, ritmos biológicos y conciliación familiar.

El Ministerio de Sanidad ha respondido a las críticas sobre la supresión de derechos laborales en el borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud. En un comunicado oficial, el Ministerio ha aclarado que «ningún derecho laboral ha sido eliminado», sino que se han «reubicado contenidos, se han integrado medidas o se ha remitido su regulación a los ámbitos competentes conforme al marco constitucional de distribución de competencias». Así las cosas, el 2 de octubre, un día antes de la huelga nacional, se celebrará el Foro de Diálogo Social, donde estarán Ministerio, sindicatos y autonomías.

La posición de las CCAA

El borrador del texto del nuevo estatuto marco –el actual fue aprobado en 2003– no solo ha contado con el rechazo de todo el colectivo sanitario. Las comunidades autónomas también están en contra porque consideran que se ha elaborado sin contar con ellas. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, se pronunciaba al respecto la semana pasada durante el seminario con periodistas sobre tecnología sanitaria organizado por Fenin: «Todo lo que se ha dicho hasta ahora ha sido sin nuestra intervención; soy el único [consejero] que queda desde 2015 y puedo decir que nunca se nos ha dado voz», lamentaba el político, advirtiendo que «hay que comenzar de nuevo» el proceso de negociación para dotar de estabilidad y equidad a la Sanidad.

La consejería de salud de la Comunidad de Madrid y Andalucía también se han posicionado al respecto. En declaraciones a THE OBJECTIVE, el departamento madrileño de Fátima Matute asegura que las comunidades autónomas «en reiterados consejos interterritoriales le hemos afeado la unilateralidad que ha mostrado el ministerio en la negociación y la falta de lealtad institucional a la hora de comunicar las determinaciones o los pasos que iban dando». Señalan que van a esperar a que Sanidad presente el texto final para ver como se desarrollan los acontecimientos.

Posición similar manifiestan desde Andalucía. Desde la consejería de Rocío Hernández señalan: «Nos hubiera gustado que los tiempos hubieran sido otros, que se hubiera contado con las comunidades a la hora de elaborar este borrador. Y, sobre todo, entendemos que las medidas que contemple deben contar con: un informe de viabilidad, ser solventes desde el punto de vista jurídico y tener un asiento presupuestario».

Así, indican que en el último pleno del Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud han acordado retomar el trabajo técnico con esas tres condiciones para volver a abordar este borrador «con los criterios de seriedad que requiere una materia tan sensible como las condiciones de trabajo de nuestros profesionales sanitarios», apuntan desde Andalucía, aseguran que es algo en lo que han coincidido prácticamente todas las comunidades.