Sanidad deriva a privadas de Málaga y Cádiz los abortos en clínicas públicas de Ceuta y Melilla
Se trata de las únicas regiones, junto con Extremadura, donde se da esta circunstancia
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP
La polémica con el aborto en España está servida. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad de Mónica García ha publicado un informe para actuar contra las comunidades que no practiquen abortos en la pública. Ya el pasado julio, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, envió una carta a las comunidades en la que les avisaba de que tomaría medidas legales contra «aquellas comunidades que no estén garantizando este derecho». Un asunto que llama la atención cuando en Ceuta y Melilla, únicas regiones gestionadas por Mónica García, no se practica ni un solo aborto en la sanidad pública.
Así mismo se desprende del propio informe del Ministerio de Sanidad presentado este martes, donde se puede observar que en 2024, ni en Ceuta ni en Melilla se realizaron interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en sus hospitales públicos, siendo las únicas regiones, junto con Extremadura, donde ocurre esto. Así, las 14, 151 y 1.487 IVE que tuvieron lugar en Ceuta, Melilla y Extremadura en 2024, respectivamente, se hicieron en centros privados. En el caso de las ciudades autónomas, además, las mujeres son desplazas a Málaga y Algeciras (Cádiz) para ello.
Fuentes médicas de ambos territorios apuntan a THE OBJECTIVE que el motivo de ello es que todos los ginecólogos que hay son objetores de conciencia, esto es, ninguno de estos especialistas médicos practica abortos. No obstante, aseguran que ninguna mujer se ha quedado por ello: «Como esto es tan pequeño, prefieren no realizárselo aquí», asegura un ginecólogo a este medio que, además, señala que esto siempre ha sido así.
Así también lo refleja el informe de Sanidad, titulado Situación del aborto en la Sanidad pública, donde muestra cifras de la evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo desde 2015 hasta 2024. De esta forma, se observa como, en el periodo analizado, nunca se ha realizado una IVE en los hospitales públicos de Ceuta y Melilla.
Cantabria, la región que más abortos realiza en la pública
«Integrar el aborto en la sanidad pública es posible y funciona. Hay que garantizar la equidad, proteger el derecho a la salud y normalizar algo que las mujeres tienen normalizado desde hace décadas en nuestro país», dice la ministra, obviando que las dos únicas sanidades que dependen de ella no realizan ni un solo aborto en sus hospitales públicos y, por contra, destacando que comunidades como Madrid o Andalucía no llegan al 0,5% de IVE en sus centros públicos.
En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi siete puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.
El informe clasifica a las comunidades autónomas en tres grupos según el porcentaje de IVE realizadas en centros públicos en 2024. Por encima del 60% en centros públicos: Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%) y Navarra (74,8%); entre el 20% y el 60%: Cataluña (55,1%), Islas Baleares (45,4%) y Canarias (28,6%); y menos del 20%: el resto de las comunidades y ciudades autónomas. Destacan cifras particularmente bajas en Andalucía (0,2%), Comunidad de Madrid (0,47%), y ausencia total de IVE en centros públicos en Extremadura, Ceuta y Melilla.
Objetores de conciencia
Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva.
Tras la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en 2023, las comunidades autónomas están obligadas a crear registros de objetores de conciencia para profesionales sanitarios. Sin embargo, dos años después, ni Madrid, ni Baleares, ni Aragón, ni Asturias han presentado sus registros. El Gobierno ha dado tres meses para que creen el registro de objetores del aborto. Las tres últimas comunidades mencionadas han asegurado que lo tendrán listo en las próximas semanas, sin embargo, la región de Isabel Díaz Ayuso rechaza que se «estigmatice» a los sanitarios que se nieguen a practicar un aborto y la presidenta de los madrileños ha dejado en el aire si cumplirá.
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), rechazan tajantemente este listado. En una conversación con THE OBJECTIVE en octubre de 2024, su presidente, el Dr. Manuel Martínez-Sellés, señalaba que «esta lista negra se puede usar para discriminar a aquellos profesionales que se han acogido a la objeción de conciencia a la hora de ser contratado». Para el facultativo, «el médico debe estar al servicio de preservar la vida en cualquiera de sus estadios»; por lo tanto, «cualquier profesional que se quiera acoger a su derecho a la objeción de conciencia no debería de ser discriminado por este motivo».