Las comunidades del PP se niegan a enviar al Ministerio de Sanidad datos de los cribados
Mónica García ha solicitado a las CCAA información sobre los programas de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix
La ministra de Sanidad, Mónica García.
Las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido no remitir al Ministerio de Sanidad la información solicitada sobre los programas de cribado poblacional de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, en un gesto que pone de manifiesto la creciente tensión entre las autonomías y el Gobierno central en materia de gestión sanitaria, tras la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.
En una carta dirigida a la ministra de Sanidad a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los responsables autonómicos recuerdan que los programas de cribado son «competencia exclusiva de las comunidades autónomas» y que su implantación, seguimiento y evaluación se han realizado «con plena autonomía, profesionalidad y éxito contrastado» durante años. Según el escrito, todas las comunidades gobernadas por el PP disponen de programas consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o incluso superiores a los estándares europeos.
El documento critica duramente al Ministerio por carecer de una red propia de cribados y de «sistemas de información actualizados o indicadores de calidad asistencial», más allá de los datos básicos de cobertura y participación. Asimismo, subraya que no existe ningún documento oficial que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas, salvo el documento técnico de consenso elaborado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Uno de los puntos más controvertidos señalados por las comunidades es la situación del sistema informático que debería recoger los datos solicitados. Según la carta, el desarrollo de esta plataforma «aún no está disponible ni operativo», y el cálculo de los indicadores previstos depende de la estabilidad y homogeneidad de dicho sistema. Por ello, los responsables autonómicos consideran «improcedente exigir en este momento la remisión de la información».
El escrito también destaca la situación específica en Ceuta y Melilla, donde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), dependiente directamente del Ministerio, tiene asignadas las competencias de cribado. En estas ciudades, el programa de cáncer de mama llegó a estar paralizado durante casi dos años, sin que se realizaran las mamografías correspondientes, lo que, según las comunidades, evidencia la «escasa capacidad del propio Ministerio para garantizar la continuidad y calidad de los programas».
Las consejerías del PP cuestionan el objetivo real de la solicitud ministerial, señalando que, mientras se centra en exigir datos, no se abordan problemas estructurales que afectan al sistema sanitario. Entre estos problemas destacan la grave falta de médicos y profesionales sanitarios, la insuficiente financiación para los proyectos y leyes impulsados por el Ministerio, y la incapacidad de aprobar un Estatuto Marco actualizado y consensuado con los profesionales. La carta asegura que el Ministerio opta por «fiscalizar y manosear de forma maliciosa» el trabajo que las comunidades ya realizan, generando inquietud entre asociaciones de pacientes y entidades científicas que consideran que esta maniobra supone un riesgo para la credibilidad de los programas preventivos.
El documento insiste en que las consejerías del PP mantienen «la máxima transparencia y colaboración institucional» con el Ministerio y con otras comunidades autónomas, pero subraya que esta cooperación debe basarse en «el respeto competencial y en objetivos reales de mejora asistencial, no en la utilización partidista de la salud pública». En este sentido, la carta deja claro que no existe obligación legal ni acuerdo formal que respalde la exigencia de envío de los datos en los términos planteados por el Ministerio.
«Por todo ello, y en ausencia de una obligación legal o un acuerdo formal adoptado en el Consejo Interterritorial, esta Consejería no considera procedente remitir la información solicitada en los términos planteados. No vamos a contribuir a una iniciativa que, lejos de mejorar los programas, parece responder únicamente a una estrategia de confrontación política y de distracción respecto a las carencias de gestión del propio Ministerio», concluye el documento.