El Gobierno deja sin ayudas a 200 víctimas de la talidomida pese a la obligación judicial

La desesperación invade a las víctimas españolas de la talidomida. El Gobierno sigue sin indemnizar a 200 personas pese a las sentencias firmes de varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo que dictaron resoluciones en «ejecución forzosa» que condenan al Imserso al abono de estas ayudas. Así lo denuncia a THE OBJECTIVE Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de víctimas de la talidomida (Avite), que asegura que el Imserso, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y a quien le corresponde transferir esas subvenciones, no las está tramitando bajo la excusa de que «Hacienda no habilita partida presupuestaria». «No están cumpliendo las sentencias en connivencia con los jueces que las emitieron, que conceden ampliaciones de plazo de pago sin más, solo porque Hacienda no da el dinero», explica Basterrechea.

La Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 instaba al Gobierno a indemnizar a los afectados por la talidomida con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad. Sin embargo, no fue hasta julio de 2023 cuando el Gobierno aprobó un decreto para indemnizar finalmente a estas personas tras un lustro de espera sin ninguna explicación. En diciembre de ese año y principios de 2024, comenzaron a recibir sus ayudas las primeras víctimas para subsistir sin brazos ni piernas. Hasta ahora, 125 personas –las reconocidas por el Comité Médico– han recibido la indemnización, con una reducción del 47% por IRPF.

Tras la denuncia presentada por Avite, el Tribunal Supremo ha reconocido recientemente entre 200 y 250 nuevas víctimas de la talidomida. Sin embargo, solo 39 han recibido ya su ayuda. Esto significa que alrededor de 200 afectados siguen sin percibir sus subvenciones, pese a que varias sentencias firmes de lo Contencioso-Administrativo obligan al Imserso a abonarlas. El Ministerio de Pablo Bustinduy alega que Hacienda no transfiere los fondos necesarios. En total, son unos 120 millones de euros, que tras la reducción del 47% quedarían en unos 56 millones que el Gobierno debería destinar a indemnizar a unas víctimas que llevan décadas reclamando sus derechos. Basterrechea señala a este medio que en varias ocasiones han solicitado reuniones con el Ministerio de Hacienda y que han recibido el silencio como única respuesta.

Un hachazo del 47% por IRPF

Por otro lado, Avite denuncia que tengan que tributar hasta casi la mitad del dinero percibido (47%) y queden fuera del artículo 7 de Rentas exentas de la ley del IRPF, en el que se regulan algunas exenciones a ayudas ligadas a enfermedades, como los afectados por el VIH o personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C. Este artículo también deja exentas de tributación aquellas prestaciones y pensiones por actos de terrorismo o víctimas de accidentes de tráfico.

De esta forma, las víctimas que -con suerte- han recibido estas subvenciones para adaptar sus viviendas o ser asistidos por terceros en su difícil vejez las reciben mermadas por la carga fiscal de un 47%, en flagrante agravio comparativo con las percibidas por los casos mencionados anteriormente o con las víctimas de talidomida del resto de países del mundo, que perciben sus ayudas sin carga fiscal (Alemania, Inglaterra, Italia, Holanda, Canadá, Brasil, Japón, Australia).

«Lo lógico», según los juristas consultados por THE OBJECTIVE, sería que se hiciera una modificación de la Ley 35/2006 del IRPF para incluir este supuesto, como ocurrió con el caso de los infectados por VIH, ya que su exención fiscal se reguló en el artículo 4 del Real Decreto-Ley 9/1993 de 28 de mayo. En aquella ocasión, se recurrió a este instrumento normativo con la justificación que expresa el texto, «que es plenamente aplicable al caso de la talidomida».

El Partido Popular registró en octubre de 2024 una proposición de ley de exención fiscal en el Congreso tras sacarla adelante en el Senado. Sin embargo, esta iniciativa lleva bloqueada en la Cámara Baja desde entonces por el PSOE y Sumar, que alertan de que la aprobación de la proposición de ley «es susceptible de producir una disminución de los ingresos presupuestarios», según se recoge en el escrito de disconformidad.

Paradójicamente, las víctimas de talidomida del País Vasco sí se han visto favorecidas por la exención fiscal con el voto favorable del PSOE. En enero de 2025, las tres haciendas forales vascas (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya) aprobaron la exención fiscal de las ayudas del RD 574/23 a los afectados de la talidomida con el apoyo de los socialistas. Este mes de noviembre ha ocurrido lo mismo en Navarra. Y se espera que en las próximas semanas Galicia siga el ejemplo.

3.000 afectados en España

Entre 1950 y 1985, miles de mujeres embarazadas tomaron talidomida –que se facilitaba sin receta– para combatir las náuseas o mareos. También fue dispensada para tratar el insomnio, ya que carecía de los efectos adversos de los barbitúricos y no producía adicción. Poco después de su introducción en el mercado, «se produjo un incremento de niños nacidos con focomelia» y otras alteraciones genéticas graves.

En España, los primeros casos de afectados por el consumo de talidomida empezaron a aparecer en el primer trimestre de 1960. Sin embargo, no se retiró del mercado hasta 1985, 22 años después que en el resto de los países en los que se comercializaba. En ese periodo, nacieron unos 3.000 niños con focomelia (extremidades más cortas o atrofiadas) o amelia (falta de extremidades) en España. Se calcula que en todo el mundo hubo 50.000 personas afectadas.

En el resto de los países (Alemania, Holanda, EEUU, Portugal, Brasil y otros) se indemnizó a todas las víctimas. En España, de las que aún viven –superan las 300–, apenas algo más de un centenar han recibido las ayudas con décadas de retraso y un hachazo fiscal «injusto».