Los sindicatos convocan una huelga indefinida de todo el personal sanitario desde enero

A Mónica García se le atraganta el Estatuto Marco. Además de la huelga médica convocada por los sindicatos médicos (CESM y SMA) para los próximos 9, 10, 11 y 12 de diciembre, las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde) han convocado una huelga indefinida para todo el personal sanitario a partir del 27 de enero por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Así lo han anunciado este jueves los sindicatos, en rueda de prensa, después de constatar que, tras cerca de tres años de negociación, el Ministerio que dirige Mónica García no tiene intención de pactar un texto de la nueva Ley que realmente beneficie al conjunto del personal estatuario, «sin excepciones y sin discriminaciones entre colectivos profesionales», y que logre un sistema sanitario «más sólido, preparado y que proporcione una mejor atención a las personas».

Las organizaciones han explicado que no les queda más remedio que convocar las jornadas de huelga, que se celebrarán los martes de cada semana, con carácter indefinido, una vez que el Ministerio ha hecho «oídos sordos» a todos sus intentos de cerrar un texto normativo cuyo objetivo sea el interés común de todos los trabajadores y trabajadoras. Según resaltaron, desde el Ministerio de Sanidad, no solo no se ha querido avanzar en la negociación con los sindicatos legitimados y que representan al 100% del personal estatutario del SNS, sino que «la ha dificultado, entorpecido y dilatado al mantener y alimentar una negociación paralela con otras organizaciones fuera del Ámbito de Negociación».

Frente común

Los sindicatos convocantes lamentaron que un Ministerio que forma parte de un Gobierno, que se autodefine como progresista y firmemente defensor de la sanidad pública, haya sido el único que ha tenido el «dudoso honor» de lograr un frente común sindical para convocar una huelga general en la sanidad de nuestro país.  

Los sindicatos subrayaron que Mónica García no ha querido escuchar a los 10.000 profesionales que se manifestaron el pasado mes de octubre, frente a las puertas de su Ministerio, y, después de dos reuniones «infructuosas», ha paralizado la negociación con ellos, mientras sí avanzan con otras organizaciones que defienden intereses particulares de un solo colectivo sanitario, comprometiendo el interés general.

De esta forma, no entienden como la ministra de Sanidad puede afirmar, en declaraciones públicas, que el texto del nuevo Estatuto Marco está negociado en más de un 99% porque no hay «nada más lejos de la realidad», y tampoco que siga argumentado que hay asuntos y demandas de mejoras cuya solución no son responsabilidad suya sino de otros departamentos ministeriales.

En este punto, reiteraron que una Ley tan importante y necesaria como el Estatuto Marco requiere de una acción de gobierno coordinada, como han trasladado de manera reiterada, tanto a Sanidad como al resto de ministerios implicados (Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda). «El Ministerio de Sanidad se ha inhibido en su obligación de propiciar y promover esa acción de gobierno, mientras que otros departamentos sí lo hacen con respecto a otras materias, lo que entendemos que constata su debilidad dentro de un gobierno de coalición que, cuando tiene voluntad, impulsa, desarrolla y aprueba cualquier proyecto normativo», han agregado.

Irrenunciables

En la rueda de prensa también aprovecharon las organizaciones sindicales para recordar los asuntos que siguen entendiendo «irrenunciables» en el Estatuto Marco para lograr avances y sobre los que el Ministerio sigue sin querer llegar a un acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de las retribuciones básicas que deben acompañar al nuevo marco de clasificación del personal del Sistema Nacional de Salud.

Los sindicatos también pretenden dejar sentadas las bases en la norma para una jornada laboral digna y adecuada, que concilie la vida familiar y laboral del personal, además de otros aspectos relacionados con esta materia esencial en las relaciones de trabajo, y que se posibilite acceder a la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria.