La gran paradoja de la sanidad pública: practica el 97% de eutanasias, pero el 21% de los abortos

En el sistema sanitario español tiene lugar una paradoja: mientras el 97% de las eutanasias se practican en el sistema público, en el caso de los abortos esta cifra solo asciende al 21,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). De esta forma, dos prestaciones sanitarias legales y reconocidas como derechos reciben un trato muy distinto dentro del mismo sistema, rompiendo la expectativa razonable de funcionamiento homogéneo del sistema público.

Así se desprende de los dos últimos informes del Ministerio de Sanidad al respecto. Hace apenas unos días, el departamento sanitario presentaba su informe anual de 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir, que recoge la evolución de este derecho sanitario en el Sistema Nacional de Salud. En total, durante 2024 se finalizaron 929 procesos, incluyendo 803 solicitudes presentadas y resueltas ese año, además de 126 iniciadas en años anteriores. Del total de procesos finalizados en 2024, a 426 personas se les aplicó la eutanasia en España, siendo el 75,89% de estas mayores de 60 años. Llama la atención que el 33,33% (142) de los fallecimientos tuvieran lugar en Cataluña.

Solo el 3% de las eutanasias en la privada

La tasa española de mortalidad por prestación en 2024 fue del 0,10% (1 de cada 1.000 fallecimientos). Comparada con la de otros países que han regulado la prestación de ayuda para morir, la tasa española de mortalidad por eutanasia es diez veces menor que la de Australia (0,8%-1,6%) y Nueva Zelanda (1%), quince veces menor que la de Suiza (1,5%), entre treinta y cuarenta veces más baja que la de Bélgica (3,6%) y Canadá (4,7%), y sesenta veces menor que la de Países Bajos (5,8%).

Del extenso estudio también se desprende que las prestaciones continúan realizándose de forma mayoritaria en el sistema sanitario público. En 2024, se registraron 14 prestaciones en el sector privado o concertado, lo que representa el 3,29% del total. De esta forma, el 96,71% de las eutanasias tuvieron lugar en el sistema público. En años anteriores, las proporciones de prestaciones realizadas en sistema privado o concertado fueron las siguientes: en 2021, representaron el 1,33%; en 2022, se realizaron cuatro procesos (0,69%), aunque no se especificó cuántos de ellos concluyeron en prestación; y en 2023, el porcentaje fue de 8,38% del total de las prestaciones.

El 78,7% de los abortos, en la privada

Estos datos contrastan con el número de abortos que se llevan a cabo en la pública frente al número de interrupciones voluntarias del embarazo que se derivaron a la privada. Según el informe ‘Situación del aborto en la sanidad pública. Evolución y medidas para la accesibilidad’ presentado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de octubre, el 21,25% de los abortos llevados a cabo en 2024 tuvieron lugar en centros públicos, mientras que el 78,75% fueron realizados en centros privados, a pesar de estar financiados por el sistema público de salud.

Esta proporción representa un aumento de casi siete puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación. No obstante, hay que matizar que el hecho de la gran mayoría de las IVE se practiquen en centros privados –al acogerse los médicos a la objeción de conciencia– no supone un incumplimiento de la ley, ya que todas las mujeres pueden recibir el servicio de forma gratuita y sin obstáculos (excepto las mujeres que residen en Ceuta y Melilla, que tienen que ser trasladadas a algún centro andaluz al no poder abortar en sus ciudades ni en la pública ni en la privada).

Esta circunstancia –la derivación de los abortos a la privada– dio lugar recientemente a una gran polémica y la exigencia del Gobierno a las comunidades de crear un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto, como ocurre con la eutanasia desde 2021. La Comunidad de Madrid se ha negado a crear listados de profesionales que rechacen realizar IVE, encomendándose así a los tribunales, ya que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el inicio de un proceso contencioso-administrativo contra Madrid por esta negativa.