Sanidad gasta 14.600 euros en una IA para decidir qué medicamentos financia
La inteligencia artificial no toma las decisiones, pero elabora borradores de los Informes de Posicionamiento Terapéutico
La ministra de Sanidad, Mónica García. | EP
El Ministerio de Sanidad ha invertido 14.600 euros en una herramienta de inteligencia artificial (IA) destinada a «apoyar» la elaboración de informes que determinen qué medicamentos serán financiados por el sistema público de salud. Esta información figura en una resolución oficial de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de una solicitud de Transparencia.
La herramienta se llama IPT Maker, y utiliza IA generativa para asistir técnicamente en la redacción de los Informes de Posicionamiento Terapéutico —creados por el Ministerio en 2013—, que evalúan el valor clínico, terapéutico y económico de los nuevos fármacos. Estos se muestran fundamentales para orientar las recomendaciones de las autoridades sanitarias acerca de la utilización de los medicamentos. Según la Aemps, el gasto corresponde exclusivamente al soporte técnico del sistema.
La IA no toma las decisiones, pero sí elabora borradores estructurados de dichos informes a partir de la información científica y técnica que aportan los especialistas. Posteriormente, profesionales sanitarios analizan los documentos, revisando que los datos sean correctos.
El departamento sanitario señala que se trata de una herramienta de «ayuda» para la elaboración de estos informes: «Simplemente, coge los materiales de los documentos que pasan los técnicos, selecciona las partes que se necesiten y los organiza en la estructura de los informes».
Sanidad retiró una IA fallida
Además de IPT Maker, Sanidad destinó 365.000 euros al desarrollo de MeQA, un sistema de inteligencia artificial retirado tan solo 48 horas después de su creación por fallos en sus respuestas. Según detalló el ministerio en su anuncio, en mayo de 2025, la herramienta buscaba acercar la información técnica sobre medicamentos a la población, integrando la información oficial comprensible para cualquier usuario.
MeQA registró, hasta el momento de su retirada, un total de 29.797 consultas por parte de los usuarios. Sin embargo, la herramienta fue desactivada tras detectar errores que podrían comprometer la seguridad del paciente. Desde el organismo público admiten que la IA llegó a ofrecer alguna «respuesta incorrecta inventada».
Solo dos días antes, Sanidad presentaba en su web esta herramienta como una iniciativa «pionera» para «mejorar la accesibilidad de los contenidos técnicos a la población general». Según detallaba el ministerio, MeQA ofrecía la posibilidad de consultar la compatibilidad entre varios medicamentos, aclarar dudas sobre su uso, posología o posibles efectos adversos.
Gobierno y comunidades autónomas deciden la financiación
Los precios de los medicamentos están regulados e intervenidos por el Estado. La Comisión Interministerial del Precio del Medicamento (CIPM) es el órgano que fija el precio industrial máximo de los fármacos y decide su inclusión en la financiación pública. Depende del Ministerio de Sanidad y está formada por representantes técnicos del Gobierno y de las comunidades autónomas. Sus resoluciones se adoptan por consenso y, en caso de no alcanzarse, se someten a votación por mayoría simple.
El proceso para financiar un medicamento públicamente comienza con su autorización de comercialización en España. La licencia la pueden conceder la Aemps o la Agencia Europea del Medicamento (EMA). En el caso de fármacos de alto impacto, como los oncológicos o los desarrollados mediante biotecnología, la autorización europea es obligatoria.
Una vez autorizado, el laboratorio solicita a la asociación de medicamentos el registro para obtener el código nacional, y el Ministerio de Sanidad inicia de oficio el procedimiento de evaluación de financiación y fijación de precio. Esta decisión corresponde a la Comisión Interministerial y debe ser ratificada por la Dirección General de Cartera Común de Servicios.
La decisión sobre si un medicamento será financiado con fondos públicos o no es un proceso transparente y regulado por el artículo 92 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Se basa en una serie de criterios técnicos y científicos que evalúan el «valor terapéutico y social del medicamento», incluyendo su «relación entre el coste y la efectividad». También se tiene en cuenta el impacto presupuestario en el Sistema Nacional de Salud.