'Primum non nocere' en política sanitaria: cuando el aborto se celebra desde el Gobierno

En un acto reciente, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado que los abortos aumentaran un 3 % en 2024 y que se estén realizando más en la sanidad pública, considerando estos datos una señal positiva del fortalecimiento de los derechos reproductivos de las mujeres en España. Esta declaración, realizada desde la cúspide de la autoridad sanitaria, no solo plantea una contradicción insalvable con los principios básicos de la medicina, sino que revela la desconexión creciente entre el discurso político y los verdaderos desafíos estructurales que enfrenta la sociedad española. Pocas horas después, el Gobierno proponía incluir el derecho al aborto en la Constitución para «consagrar la libertad de las mujeres».

La defensa de la práctica del aborto, más allá de su aparente protección de la libertad de la mujer, plantea cuestiones éticas, médicas y sociales de una profundidad inquietante. ¿Qué significa cuando una autoridad sanitaria –cuya misión primera es preservar la vida y la salud– aplaude el incremento de una práctica que implica la interrupción deliberada de una vida humana? ¿Qué nos dice esto como sociedad?

Lejos de ser una anécdota, este episodio retrata con crudeza la deriva ideológica de un sector del Gobierno que ha renunciado a toda ambición de fondo en política social para limitarse a celebrar derrotas.

Primum non nocere: el mandato médico traicionado

En medicina, el principio más antiguo sigue siendo el más vigente: primum non nocere, «lo primero, no hacer daño». Si un médico pierde de vista este principio, deja de ser un sanador para convertirse en un ejecutor de técnicas. Esa máxima no sólo debería regir la práctica clínica, sino también la acción política, especialmente en materia sanitaria.

Desde Hipócrates hasta nuestros días, la medicina nace del impulso humano de cuidar, de aliviar el dolor y de conservar la vida. Cuando un médico –o una ministra de Sanidad que es médico– empieza a considerar el fin de una vida como un logro en lugar de una tragedia, algo se ha roto en el alma misma del cuidado. Está desdibujando el valor de la vida humana, en su fase más vulnerable, en nombre de una ideología que instrumentaliza a las mujeres.

«Si un médico pierde de vista este principio, deja de ser un sanador para convertirse en un ejecutor de técnicas»

El aborto, incluso en su defensa más liberal, ha sido entendido históricamente como un mal menor, un recurso trágico ante una situación límite. Convertirlo en un indicador de progreso, en un dato a celebrar, supone una inversión alarmante de los valores sobre los que se ha construido la medicina humanista. No se trata de criminalizar a las mujeres que se ven empujadas a abortar –la compasión y el acompañamiento son esenciales–, pero sí de recordar que cada aborto es la culminación de un fracaso: social, político, sanitario y moral.

La política sanitaria deshumanizada

En los últimos años, se ha hecho habitual que las administraciones públicas insistan en la necesidad de «humanizar» el sistema sanitario. Se multiplican los planes, protocolos y discursos que abogan por una atención más personalizada. Se habla de escuchar al paciente, de cuidar su dignidad, de atender su dimensión emocional, de ofrecer una medicina más cercana, más empática. La humanización de la sanidad, correctamente entendida, es una meta necesaria y noble: recuperar la centralidad de la persona frente a una tecnocracia despersonalizada.

Pero la humanización no puede quedarse en los gestos estéticos o en protocolos bienintencionados. Si no va acompañada de una visión coherente del valor de la vida humana en todas sus fases, se convierte en un simulacro. ¿Qué sentido tiene hablar de cuidados compasivos, de dignidad del enfermo, de respeto al sufrimiento, si no somos capaces de afirmar que también un ser humano en gestación merece ser acogido, no eliminado?

Cuando se aplaude que haya más abortos, lo que se revela no es una política progresista, sino una renuncia trágica a pensar políticamente en serio. Es la confesión de una impotencia: la incapacidad de ofrecer respuestas reales, estructurales, humanas, a las mujeres que se ven llevadas a tomar decisiones dolorosas en un entorno hostil.

La contradicción es tan flagrante como alarmante: ¿cómo es posible que desde la misma institución se promueva la cultura del cuidado y, al mismo tiempo, se festeje el incremento de una práctica que representa, en su esencia más profunda, la ruptura del vínculo más humano de todos, el de la madre con su hijo por nacer? La incoherencia no es solo moral, sino política. Porque quien aspira a gobernar una sociedad moderna no puede, al mismo tiempo, negar los fundamentos antropológicos y éticos que la sostienen. Defender la vida humana desde su inicio no es una postura ideológica, sino una afirmación de civilización.

El papel de un Ministerio de Sanidad no puede limitarse a garantizar el acceso a procedimientos médicos. Tiene una responsabilidad moral: promover una cultura de la vida, del cuidado y de la salud integral. Celebrar el aborto es como si un director de hospital se enorgulleciera del aumento de amputaciones para demostrar la facilidad del acceso a cirugía. Estamos ante un síntoma claro de la deshumanización de la política sanitaria.

«El aborto ha sido entendido históricamente como un mal menor, un recurso trágico ante una situación límite»

Una web que resume toda una deriva

La contradicción entre la retórica de humanización y la práctica política del Ministerio de Sanidad queda perfectamente ilustrada en la reciente puesta en marcha de la plataforma digital «quieroabortar.org», financiada y promovida por el propio Gobierno.

No se trata de una página informativa neutral. Desde su propio nombre –redactado en forma de afirmación directa, sin matices, sin alternativas– esta web representa una visión monolítica del embarazo como problema y del aborto como solución predeterminada. No hay rastro de opciones reales, de acompañamiento integral, de escucha a las mujeres que podrían querer seguir adelante con su embarazo si contaran con apoyo. No hay una sección de recursos para la maternidad vulnerable, ni información clara sobre ayudas públicas disponibles. Hay, en cambio, un camino rápido, sin preguntas, sin reflexión.

Estamos, por tanto, ante un dispositivo más de ingeniería social, con apariencia de servicio público, pero a favor de una ideología que no reconoce otra posibilidad que la interrupción del embarazo. Una web que informa sobre cómo abortar, pero que no informa sobre cómo no abortar.

Así, lo que debería ser una política pública orientada al cuidado se convierte en una tecnología administrativa de descarte. Y el Estado, lejos de proteger la libertad real de las mujeres, actúa como agente legitimador de una cultura de renuncia.

La ministra ha cruzado una línea peligrosa: ha sustituido el cuidado por la consigna ideológica. Lo que debería ser abordado desde el rigor técnico, el respeto a la dignidad humana y la prudencia institucional, se convierte en un acto de propaganda doctrinaria. En lugar de ofrecer alternativas reales, se institucionaliza el aborto como solución de facto a los problemas que el propio Estado ha sido incapaz de prevenir.

Tribalismo y señalización del disidente

La creación de un registro de médicos objetores de conciencia en el tema del aborto es una medida que ha generado un intenso debate ético, político y jurídico. Los gobiernos que implementan este tipo de registros suelen justificarlo con los siguientes fines: garantizar el acceso efectivo al aborto legal, organizar y planificar los servicios de salud y aumentar la transparencia. Pero, ¿tiene realmente el médico derecho a negarse a practicar un aborto?

 «Y el Estado, lejos de proteger la libertad real de las mujeres, actúa como agente legitimador de una cultura de renuncia»

El derecho a la objeción de conciencia se basa en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se sustenta en diversos textos oficiales en los que se reconoce la libertad de conciencia, de la cual deriva ese derecho:

Constitución Española, art. 16.1:

«Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos…». (Este artículo sirvió de base para la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, que reconoce expresamente la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios).

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH, 1948)

Artículo 18: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión…».

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, 1950)

Artículo 9: Protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966)

Artículo 18: Reconoce la libertad de conciencia y religión e incluye el derecho a manifestarlas y actuar según ellas. (El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado este artículo como aplicable también a la objeción de conciencia en contextos profesionales).

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000)

Artículo 10.2: «Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia con arreglo a las leyes nacionales que regulen su ejercicio».

Queda claro que ningún profesional sanitario puede ser obligado a realizar procedimientos que contradigan profundamente sus convicciones éticas, religiosas o filosóficas, como el aborto.

Pero, si el aborto está permitido por la ley, la paciente debe recibir un servicio legal y seguro por lo que la objeción no puede implicar discriminación o abandono. La administración debe garantizar la derivación inmediata y segura de la paciente a otro profesional no objetor. Teniendo en cuenta esta cuestión, parecería más razonable crear un registro de médicos que no tienen ningún problema moral para llevarlo a cabo y así facilitar a la paciente que pueda solicitar realizarlo en un lugar seguro. Entonces, ¿por qué se quiere registrar en un listado al médico objetor?

Desde el Gobierno se busca identificar a quien piensa distinto. El objetivo real, más allá del argumentario técnico, es que sirva como instrumento de control político o ideológico. El registro puede ser usado para identificar, presionar o estigmatizar a los médicos objetores, limitando su libertad de conciencia y podría interpretarse como una herramienta de vigilancia para imponer una línea política proaborto dentro del sistema de salud. Por ello, hay que estar alerta ante este tema ya que, si el registro se usa de forma punitiva o para limitar la objeción, podría interpretarse como una violación del principio de neutralidad del Estado frente a creencias morales o religiosas.

«Desde el Gobierno se busca identificar a quien piensa distinto»

La demografía como termómetro moral y político

España enfrenta desde hace décadas un invierno demográfico preocupante. La tasa de natalidad se sitúa entre las más bajas de Europa. En 2023, la tasa de natalidad cayó a mínimos históricos, situando a nuestro país entre los más envejecidos de Europa. El número de nacimientos fue inferior incluso al de los años de posguerra y, sin embargo, lejos de articular una política seria de apoyo a la maternidad, la conciliación laboral o la estabilidad económica para los jóvenes, nuestras autoridades parecen resignadas –o incluso satisfechas– con esta deriva estéril.

Las causas de la baja natalidad en España son múltiples y complejas:

• Precariedad laboral y vivienda inasequible. Las nuevas generaciones viven encadenadas a empleos inestables y alquileres imposibles. Formar una familia no es solo un sueño lejano, sino una carga financiera insoportable.

• Individualismo cultural. La cultura dominante ensalza la autonomía radical, el consumo, el placer inmediato. La maternidad y la paternidad, con su exigencia de entrega, sacrificio y futuro, chocan con estos valores. 

• Ausencia de políticas familiares eficaces. España invierte menos del 1,5 % de su PIB en apoyo a las familias, muy por debajo de la media europea. Las ayudas son escasas, tardías y fragmentarias.

• Desconfianza hacia el futuro. En un clima de inestabilidad económica, crisis institucionales y creciente incertidumbre global, muchos jóvenes simplemente no se sienten capaces de proyectarse en un futuro con hijos.

Frente a esta situación, cabría esperar de las instituciones un esfuerzo coordinado, transversal y sostenido para revertir la tendencia. Sin embargo, el Gobierno ha optado por la vía más corta: rendirse a la lógica del aborto como respuesta estructural. Es el triunfo de la inmediatez sobre la visión de Estado.

Se podría pensar que quienes más insisten en el aborto como «derecho» lo hacen desde una posición de compasión o progreso, pero, en realidad, están reconociendo su incapacidad para construir las condiciones que hagan del embarazo una opción viable, digna y acompañada.

Ante este panorama, celebrar un aumento de abortos no solo es éticamente cuestionable, sino demográficamente suicida. Un país que no protege a sus hijos –ni nacidos ni por nacer– camina hacia la irrelevancia histórica.

El aborto, ¿Derecho fundamental?

La idea de constitucionalizar el «derecho al aborto» no es nueva. Pero trata de justificarse con un argumento nuevo: se alega que mediante el proceso democrático de cambios en la mayoría podría llegar al poder una corriente que limitara o aboliera, o incluso llegara a proponer la penalización del aborto. No es una convicción sincera, sino parte de la táctica polarizadora que dibuja una amenaza «reaccionaria» caricatural. Pero supone una actitud de fondo que niega que, en un país libre, pueda discutirse si el aborto mata a una persona o elimina un trozo de carne.

La propuesta de constitucionalizar el aborto es más bien simbólica y desafiante: mostrar al mundo que la «España progresista» lo considera un derecho inalienable, como el derecho a la libre expresión o al sufragio. Al hacerlo, en realidad se estaría consumando lo contrario: nadie tendría derecho a estar en desacuerdo con el aborto, que ya no sería una opción tolerada, sino una obligación de rectitud.

Primero hemos pasado de considerar el aborto como una desgracia que podía despenalizarse dentro de unos supuestos y plazos determinados, a considerarlo un derecho. Ahora se propone elevar su rango hasta consagrarlo como derecho fundamental. Y todo ello mientras el ordenamiento sigue reconociendo derechos al nasciturus, cuya existencia sigue protegiendo por considerarla un bien jurídico. ¿Derecho fundamental? Los derechos fundamentales son erga omnes, y no admiten ni ser administrados a plazos ni ser motivo de objeción de conciencia.

En España abortan más de cien mil mujeres al año. Parece que el debate pertinente no debería ser el peligro eventual de prohibir interrupciones voluntarias del embarazo, sino la consideración elemental de si no hay demasiados y a qué razones económicas, sociales y culturales puede deberse una cifra que resulta difícil exhibir como marca de progreso.

«La propuesta de constitucionalizar el aborto es más bien simbólica y desafiante»

En el fondo, el debate que se propone desde el Gobierno implica un fraude gigantesco. Se trata de volver a sacar la calculadora demoscópica y tratar de inducir en las mujeres el olvido de algunos atentados recientes contra su verdadera dignidad: los efectos deletéreos –la suelta de violadores– de la ley del sí es sí o el episodio bochornoso de las pulseras antimaltrato.

Esta constitucionalización significa, esencialmente, que el debate está cerrado; ya no discutimos este tema, ya no toleramos el debate. Es una decisión de intolerancia. ¿Será criminal creer, y decir, que la dignidad de un ser humano no es un asunto externo sino una cualidad interior, independiente de las circunstancias? ¿No sería esta una pregunta pertinente, que se puede discutir? El conflicto en torno a estos problemas es tan erizado, lo que está en juego es tan primordial, que aquí resultan tan imprescindibles como difíciles las políticas de equilibrio y prudencia.

La tolerancia, como la describen Locke y otros, no solo se basaba en la incertidumbre sobre la verdad, sino también y quizás, sobre todo, en la glorificación de la «persona», en la que hay que respetar su conciencia y sus razones. Muchos falsos amigos de la Ilustración, convertidos en fanáticos de la Ilustración, renuncian al ejercicio de la tolerancia en nombre de aquella consigna jacobina de «no hay libertad para los enemigos de la libertad», convirtiéndose así, ellos mismos, en los primeros enemigos de la libertad. Es el vicio de Robespierre: la pose o postura moral (es decir, la impostura) que consiste en pasarse la vida declamando sobre la libertad y la tolerancia mientras se priva de ellas a los contradictores.

¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo?

El papa Francisco definió como «cultura del descarte» esa mentalidad moderna que desecha lo que estorba: los ancianos, los enfermos, los discapacitados y los no nacidos. Aunque no se comparta el conjunto de la visión política del santo padre recientemente fallecido, en esta ocasión, el diagnóstico es preciso. La izquierda posmoderna ha asumido esta lógica como parte de su programa: eliminar en vez de proteger, facilitar en vez de acompañar.

En este contexto, el aborto ya no se presenta como una excepción dramática, sino como un derecho al que hay que acceder sin preguntas. Este tipo de política no construye, solo gestiona el vacío moral. La política pública no puede aspirar únicamente a ofrecer soluciones fáciles, inmediatas o ideológicamente convenientes. Está llamada a pensar a largo plazo, a tejer una red de apoyo real a las personas, especialmente a aquellas que desean formar una familia y no encuentran las condiciones para hacerlo.

Y es ahí donde se pone en juego algo más que una política sanitaria: está en juego el tipo de sociedad que queremos ser. Una sociedad que aplaude que haya más abortos no es más libre ni más justa; es, sencillamente, una sociedad cansada, sin horizonte, sin hijos y sin respuestas.

La alternativa: política con sentido y futuro

Pero, ¿por qué sale ahora el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta de incluir el aborto como derecho político en la Constitución? La respuesta es tan sencilla como triste: para polarizar. Para modificar la Carta Magna se necesita una mayoría de tres quintos. Sánchez hoy ni siquiera es capaz de reunir mayorías simples para aprobar leyes menores. Lo que pretende es que PP y VOX le ignoren (o ataquen) para poder continuar con el mantra discursivo de que la llegada de la derecha tendría unas consecuencias catastróficas. Ya le confesó José Luis Rodríguez Zapatero a Iñaki Gabilondo tras finalizar una entrevista justo antes de las elecciones de 2008: «Nos conviene que haya tensión». Cuando las encuestas plantean un escenario catastrófico para la izquierda, se hace un uso obsceno de la discrepancia en asuntos polémicos para poder crear bandos y así alimentar el odio hacia el contrario.

Frente a esta deriva, urge articular una política con sentido común, con responsabilidad y con coraje. España necesita un gran pacto por la natalidad y por la familia, que supere trincheras ideológicas y piense en el largo plazo. Necesita apoyo real a las madres, protección efectiva de la infancia, reformas laborales y fiscales que permitan a los jóvenes construir un proyecto de vida estable.

Celebrar el aborto como un derecho es rendirse a la impotencia. Defender la vida humana –toda vida humana– no es una postura confesional ni retrógrada. Es una exigencia de justicia, de racionalidad política y de sostenibilidad nacional. Promover la vida con políticas valientes y eficaces es gobernar con dignidad.

En tiempos de confusión moral, es más necesario que nunca que quienes ostentan poder público recuerden cuál es su verdadero cometido: servir al bien común. Y ese bien común se construye sobre la vida, no sobre su eliminación. España no necesita más abortos, sino más apoyo, más esperanza, más responsabilidad compartida.

El médico que hiere, la ministra que celebra la herida, el gobierno que abandona a sus jóvenes y a sus futuros hijos: todos ellos encarnan un fracaso que no podemos aceptar como inevitable. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, pero para ello debemos empezar por dejar de llamar «progreso» a lo que es, en el fondo, una profunda derrota.

Si de verdad queremos una sanidad humanizada, empecemos por poner en el centro a la persona –toda persona– y no a los discursos populistas. Empecemos por dejar de celebrar tragedias como si fueran logros. Empecemos por construir una sociedad que no se avergüence de amar la vida, aunque no siempre sea fácil.

Porque si un gobierno no es capaz de defender la vida, ¿qué otra cosa queda por defender?