La sanidad privada rechaza el plan de García para blindar la pública: «Es una ley ideológica»
La ASPE denuncia que la norma aprobada por el Consejo de Ministros invade competencias autonómicas
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. | Europa Press
La sanidad privada ha activado el choque con el Ministerio de Sanidad. La patronal del sector rechaza frontalmente el anteproyecto de ley impulsado por Mónica García para reforzar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud y acusa a la ministra de promover una norma «ideológica» que limita la colaboración público-privada y estrecha el margen de actuación de las comunidades autónomas. Así lo sostiene la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) en un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, una iniciativa con la que el departamento que dirige García pretende derogar la Ley 15/1997 –aprobada por el Gobierno de José María Aznar– que desde hace casi tres décadas habilita distintas fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado en la sanidad. El texto redefine este modelo y lo limita a supuestos excepcionales, condicionándolo a que no sea posible la prestación directa por parte de las administraciones públicas y a la superación de una evaluación previa obligatoria.
El anteproyecto establece que cualquier fórmula de gestión indirecta deberá justificar su necesidad mediante una memoria elaborada por la administración sanitaria y ser analizada por un comité de expertos, profesionales y representantes de la sociedad civil. Además, exige informes de sostenibilidad financiera —incluido el de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) en el caso de concesiones—, refuerza los controles sobre consorcios sanitarios y prioriza a entidades sin ánimo de lucro en caso de empate en los concursos públicos. La norma también impide que una empresa que construya un hospital pueda participar posteriormente en su gestión.
Para ASPE, el texto promovido por la ministra «nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada» y supone «un ataque dogmático a la libertad de gestión» de las comunidades autónomas. La patronal sostiene que la reforma reduce «de forma arbitraria» los instrumentos de gestión disponibles dentro de un sistema sanitario descentralizado y advierte que contradice el marco competencial vigente.
Un impacto «negativo» sobre los pacientes
La patronal cuestiona el diagnóstico de partida del Ministerio y acusa a Mónica García de construir el anteproyecto desde «un planteamiento ideológico», sin un análisis riguroso de las necesidades reales del sistema ni de los resultados de los distintos modelos de gestión. Frente al discurso del Ministerio, ASPE defiende que la gestión indirecta ha demostrado su eficacia «en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial».
El texto aprobado por el Consejo de Ministros inicia ahora su tramitación parlamentaria, que incluye una fase de consulta pública y una segunda vuelta por el propio Ejecutivo antes de su remisión al Congreso de los Diputados como proyecto de ley. A partir de ese momento, la norma quedará sujeta a enmiendas y negociación parlamentaria, en un contexto de fuerte contestación por parte del sector privado y con las comunidades autónomas como actores clave en su eventual aplicación. La ministra ha defendido la iniciativa como una herramienta para «blindar» el sistema público frente a «las garras especuladoras y privatizadoras» y ha asegurado que la privatización constituye «un problema estructural», con impacto negativo en la calidad asistencial y la equidad del sistema.
Desde ASPE, el enfoque es totalmente distinto. La patronal advierte de que la ley tendrá «un impacto directo y negativo sobre los pacientes», en un contexto marcado por listas de espera en máximos históricos, saturación asistencial y presión sobre áreas clave como la cirugía, el diagnóstico o la oncología. «En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas», subraya la presidenta de la organización, Herminia Rodríguez.
El sector privado acusa además al Ministerio de «criminalizar al sector sanitario en su conjunto» y de identificar de forma «simplista» la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica del gestor. Por ello, ASPE reclama la reconsideración inmediata del anteproyecto y la apertura de un diálogo que respete el marco de descentralización sanitaria y las competencias autonómicas, frente a lo que considera una reforma diseñada desde el dogma político.