El Tribunal de Cuentas ordena el embargo de la casa de Artur Mas

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el expresidente de la Generalitat Artur Mas puso para cubrir la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el gasto de dinero público en la consulta independentista catalana del 9 de noviembre de 2014. También ha ordenado el embargo de las viviendas aportadas como fianza por los exconsellers Francesc Homs, Joan Ortega, Irene Rigau y el exsecretario general de Presidencia Jordi Vilajoana.

Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas, Homs, Ortega, Rigau y Vilajoana depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones. La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora ejecutar el embargo de forma provisional de estos inmuebles, según han indicado a Efe fuentes de este organismo y del entorno de los políticos catalanes.

Una vez acreditado que el valor de los inmuebles aportados sí cubre la cantidad impuesta como fianza, la instructora del caso ha acordado en su resolución, fechada el pasado 4 de diciembre, embargar los bienes «en cantidad suficiente para asegurar el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de los posibles perjuicios» derivados del gasto público de la consulta del 9N. Por esta razón, la instructora ha ordenado a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a la práctica de los embargos preventivos de los inmuebles ofrecidos por los políticos.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue quien aportó los 2.944.588 euros en efectivo como parte de la fianza de los implicados en este proceso, que tuvieron que ofrecer sus bienes para asegurar los 2,3 millones de euros restantes.

Por su parte, Mas y los exconsellers sostienen que no cometieron ningún tipo de «infracción contable» y están «absolutamente disconformes» con la liquidación acordada por la instructora, han informado fuentes cercanas a su entorno a EFE. Como ejemplo de su inocencia, sostienen que se les reclama 3,1 millones por la compra de unos ordenadores, utilizados para la votación, que ahora están en el poder de departamento de Enseñanza.