Un juez ordena una nueva investigación por los 43 estudiantes desaparecidos en México

Cuatro años después de ser atacados por policías ligados al narcotráfico, se desconoce el paradero, vivos o muertos, de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa y ninguna persona ha sido condenada por su desaparición. Por ello, la investigación deberá ser revisada y puesta en manos de una comisión de la verdad, según una sentencia judicial calificada de «histórica» por familiares de los jóvenes, pero cuestionada por la fiscalía general.

Un tribunal federal con sede en el estado de Tamaulipas (noreste) ordenó «reponer la investigación» sobre el llamado caso Ayotzinapa en respuesta a dos amparos de revisión solicitados por los acusados del crimen y no por los familiares de los estudiantes, detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

«Con relación a la investigación del ‘Caso Ayotzinapa’, se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General» (fiscalía), señaló el CJF en un comunicado.  La Procuraduría General informó en un comunicado que no ha sido notificada de esta sentencia pero que ya analiza los términos de la misma «para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho». «No se comparte el criterio de los magistrados (….) pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal», añadió la fiscalía.

Los 43 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente el 26 de septiembre de 2014 por policías de la ciudad de Iguala, en el violento estado de Guerrero (sur), quienes los habrían entregado a sicarios del crimen organizado, según la investigación oficial. Según una versión cuestionada por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los criminales los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos para luego arrojar sus cenizas a un río.

El caso supuso una grave crisis para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, además de generar una ola de indignación a nivel internacional.

«La resolución (…) viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación», indicó la organización de derechos humanos Centro Prodh en un comunicado.