La pandemia de COVID-19 dispara el riesgo para los civiles en zonas de guerra

La pandemia de coronavirus[contexto id=»460724″] está disparando el riesgo al que se enfrenta la población civil en zonas de guerra, complicando su protección y la entrega de ayuda humanitaria. Además, algunos bandos están aprovechando la pandemia para endurecer sus ataques o adoptar medidas de represión, según ha denunciado el secretario general de la ONU, António Guterres, que ha pedido, una vez más, un alto el fuego mundial que permita centrarse en combatir la enfermedad y en ayudar a los más vulnerables.

La crisis del coronavirus llega en un momento en el que ya se estaba viendo poco progreso en la protección de los civiles, con más de 20.000 muertos o heridos confirmados durante 2019 en solo diez conflictos: Afganistán, la República Centroafricana, Irak, Libia, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. La cifra incluye únicamente incidentes verificados por la ONU y es, por tanto, solo una pequeña parte del total.

«La pandemia está amplificando y explotando las fragilidades de nuestro mundo», ha señalado Guterres ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que ha presentado su último informe sobre protección de civiles en conflictos armados en una reunión por videoconferencia.

Según el jefe de la organización, durante 2019 un 90% de los muertos por armas explosivas en zonas habitadas fueron civiles, pese a los llamamientos a abandonar el uso de este tipo de armamento en áreas pobladas.

Además, decenas de miles de niños fueron obligados a combatir en 2019 y, a final de año, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estaba gestionando unos 140.000 casos de personas desaparecidas en todo el mundo.

«Las mujeres y niñas en zonas afectadas por conflictos fueron objeto de vergonzosos niveles de violencia sexual y de género», ha añadido Guterres, que ha denunciado también los repetidos ataques contra trabajadores humanitarios en varios países como Afganistán y Yemen.

En la reunión ha intervenido además el presidente del  CICR, Peter Maurer, quien ha advertido de que «la crisis del COVID-19 amenaza con convertirse rápidamente en una crisis de protección».

En ese sentido, ha denunciado que desde marzo su organización ha documentado 208 ataques contra instalaciones sanitarias vinculadas a la pandemia en 13 países y que eso es solo el principio. «Los impactos socioeconómicos causarán nuevas oleadas de desesperación, dejando a gente enfrentada al hambre y la pobreza, expuestos a abusos y explotación».

Maurer ha alertado además de que la respuesta de los Gobiernos a la pandemia puede convertirse en un arma contra la población, por ejemplo al excluir a grupos considerados «enemigos» de atención sanitaria o de una hipotética vacuna.

En su informe, Naciones Unidas urge a los países a «repensar» su enfoque de la guerra urbana, poniendo la protección de los civiles en el centro de sus estrategias, y alerta sobre el creciente uso de drones para llevar ataques.

Guterres ha pedido además dar respuesta a las «implicaciones legales, morales y éticas» que plantea el desarrollo de armas autónomas, los llamados «robots asesinos», y defendió su prohibición a nivel internacional.

También ha reclamado hacer más para combatir el uso de los ataques informáticos contra infraestructuras civiles, sobre todo después de ver el aumento de esas operaciones contra centros sanitarios durante la pandemia.