Un asesor sanitario de Ayuso admite el abandono de las residencias durante la pandemia

Antonio Burgueño, el ideólogo de la privatización hospitalaria fichado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para hacer frente a la pandemia del coronavirus, ha admitido que los mayores de las residencias quedaron abandonados en la región y, a su juicio, en toda España y que los centros no se medicalizaron hasta el 6 de abril.

Por qué es importante: las residencias de ancianos o de personas dependientes acumulan casi 17.000 fallecidos por la COVID-19, según los datos oficiales de las comunidades autónomas, una cifra que aumentaría si se tuvieran en cuenta los casos sospechosos, que la mayoría de las administraciones regionales no computa, a diferencia de lo que hacen, por ejemplo, Madrid y Cataluña, los territorios más castigados por la epidemia.

En una entrevista con El País, este asesor sanitario asegura que se limitó a dar consejos a la Comunidad de Madrid, para la que elaboró un plan con 270 tareas por el que no cobró y que él no ejecutó, ya que se apartó ante las críticas de los sanitarios.

Burgueño afea que el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (PP), no exigiera que él llevase a la práctica el plan diseñado en lugar de «empresas de tercera» y sostiene que en ese caso sería él el «crucificado» y no el consejero, de quien dice que no sabe si dimitirá.

Además, defiende que de haber gestionado él podría haber llegado incluso a la cárcel porque «hay que tomar decisiones y alguna puede que no guste o que no sea racional», aunque apunta también que no sabe “cómo interpretarán los tribunales lo que ha pasado en todos los niveles gubernamentales”.

Añade que planteó que los 3.000 médicos de primaria fuesen a las residencias de mayores pero que “la medicalización de las residencias no se llevó a cabo” porque “faltó jerarquía, rapidez y eficacia”, así como “dar órdenes y dar incentivos para que esos profesionales fueran y también, muy importante, la protección”.