La autodeterminación del género y la despatologización de la transexualidad son compromisos del Gobierno de coalición que se verán recogidos en la legislación española, han subrayado este miércoles fuentes del Ministerio de Igualdad.
Por qué es importante: el derecho a la autodeterminación de género ha generado una cierta polémica, entre otras cosas por el argumentario interno del PSOE que expresaba su rechazo a este concepto, a pesar de que esta sea una demanda histórica del colectivo LGTBI. Ahora desde Igualdad se muestran concisos: «Evidentemente la autodeterminación de género se va a reconocer como un derecho».
«El mensaje que quiere mandar el Gobierno de España es claro: este Gobierno apoya a las personas del colectivo LGTBI con todas sus letras y es consciente de la deuda histórica que tiene con las personas trans, que han luchado por los derechos de todos», han precisado las fuentes de Igualdad.
Igualdad prevé avanzar en los derechos de las personas de este colectivo a través de tres leyes: la de igualdad LGTBI, la ley trans y la ley de igualdad de trato, para las que espera recabar un «gran consenso político».
Esta semana, coincidiendo con la celebración del Orgullo, se ha puesto en marcha el trámite de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de ley LGTBI, con el objetivo de recibir aportaciones de la sociedad civil.
Con la vista puesta en esas leyes, Igualdad ha dictado una orden ministerial para crear un Consejo de Participación LGTBI que empezará a reunirse en septiembre y que participará en el desarrollo normativo de estas medidas.
De las tres normas que prevé sacar adelante Igualdad, la ley LGTBI sería la que está más avanzada. Las Fuentes de Igualdad consultadas son optimistas respecto a los consensos políticos para que se aprueba en el Parlamento, puesto que en la legislatura XII una ponencia ya sentó las bases de su contenido.
Poco se ha detallado del contenido que tendrá la ley trans, pero las fuentes ministeriales han hecho hincapié en que será integral y apostará por la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación del género con seguridad jurídica. Igualdad trabajará asimismo junto a la Vicepresidencia de Asuntos Sociales en la «identidad sentida y de género en los menores».
Desde el Ministerio son conscientes de que los trámites de estas leyes serán largos y «es muy difícil prever» cuándo podrán aprobarse, pero han sostenido que se abordarán con urgencia y como una «cuestión política relevante».
«Se consideran dos normas de carácter urgente porque afectan al día a día de millones de españoles, queremos mandar un mensaje pedagógico a la sociedad de que es una cuestión de derechos fundamentales en la que tiene que estar todo el arco de colores políticos», han incidido.
Precisamente esta mañana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado en la presentación de los actos del Orgullo 2020 que el Gobierno prepara un marco legal para remover los obstáculos que impiden a las personas LGTBI disfrutar de la igualdad real y la participación plena en la sociedad y la política.
La ley LGTBI, ha dicho, será una norma «eminentemente pedagógica» que contribuirá a acabar con la discriminación y los discursos de odio contra este colectivo, así como a garantizar sus derechos.
Y en cuanto a la legislación integral para el colectivo trans, Montero ha afirmado que las vidas de las personas transexuales importan al Ejecutivo y ha asegurado que no va a haber retrocesos institucionales: «El Gobierno va a hacer todo lo posible para que sus vidas sean dignas de ser vividas, sean vidas libres y sobre todo vidas felices».