En un nuevo estudio publicado por Oxfam Intermón, Que lo esencial no sea invisible, se ha estimado que una de cada tres personas en riesgo de pobreza tras la COVID-19 será migrante, pues el porcentaje de desempleo para el colectivo migrante superará en diez puntos al del resto de la población en 2020.
Lo más importante: en este informe la organización ha demandado una regularización extraordinaria y cambios legales para que las personas migrantes no queden excluidas de la recuperación social y económica. También han reclamado garantías de acceso al trabajo digno y al ingreso mínimo vital para este colectivo.
Si en 2018 la tasa de desempleo entre las personas migrantes era seis puntos superior a la del resto de la población, en 2020, según estimaciones de Oxfam Intermón, esa tasa llegará al 27.7%, diez puntos por encima de la de la población española. Una cifra que se ha visto agrandada por la pandemia del coronavirus [contexto id=»460724″]. La ONG ha declarado que, en estos momentos, la probabilidad de perder el empleo para la población migrante es de un 145% respecto a la de nacionalidad española.
«Muchas personas migrantes ocupan empleos de los considerados esenciales» ha declarado la responsable de migrantes de Oxfam Intermón, Eva Garzón. «Han estado en primera línea en la respuesta a la pandemia. Han sido claves en los peores momentos y lo serán también en la recuperación, por su aportación a la seguridad social (muy por encima de su participación en beneficios sociales) y por su peso en sectores importantes en la economía como la construcción, la hostelería, la agricultura o el empleo de cuidados», ha añadido Garzón.
Las personas migrantes están sobrerrepresentadas en sistemas especiales de la Seguridad Social, como el del hogar o el agrario. Las trabajadoras del hogar son el único colectivo sin derecho a la prestación por desempleo y el 60% de ellas son mujeres migrantes.
Por eso «es urgente», dice Garzón, «que el gobierno firme el Convenio 189 de la OIT para que se reconozcan los derechos laborales de las empleadas de hogar, así como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias».
En cuanto a la regularización, Oxfam Intermón ha pedido al Gobierno un proceso de regularización administrativa que abra el acceso al permiso de trabajo y residencia por razones extraordinarias de las personas migrantes que viven en territorio español, usando un mecanismo previsto en el actual Reglamento de Extranjería, ademas de una revisión de la Ley de Extranjería vigente para adaptarla a las necesidades de las personas migrantes y de la sociedad española.
Entre otras medidas, Oxfam Intermón ha exigido que el decreto que regula el Ingreso Mínimo Vital debe de incluir también a colectivos vulnerables excluidos, como las personas solicitantes de asilo y las familias migrantes con niños y niñas, independientemente de su situación administrativa.