La Consejería de Sanidad ha adjudicado este lunes por la vía de urgencia a una empresa del grupo Quirón un contrato para la detección de contactos estrechos de coronavirus[contexto id=»460724″], mediante un equipo de 22 sanitarios durante tres meses y por un importe global de 194.223 euros.
En contexto: el contrato se adjudicó el 7 de agosto «por procedimiento sin publicidad», después de que la Dirección General de Salud Pública madrileña anunciara «la dificultad para cubrir los puestos ofertados» y tras recurrir a universidades y municipios en busca de voluntarios no remunerados.
El equipo de sanitarios contará con 20 auxiliares de enfermería y dos médicos y deberá realizar al menos 190 encuestas telefónicas diarias, según ha publicado este lunes el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. Las encuestas recogerán «variables epidemiológicas de casos de COVID-19 detectados en la Comunidad de Madrid, incluyendo, entre otras variables, los antecedentes del caso, el momento de inicio de los síntomas, la o las exposición/es de riesgo para la adquisición de la enfermedad y la identificación de los contactos durante el período en que haya podido ser transmisor» de la enfermedad.
Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la decisión de la Comunidad de Madrid y considera una «una vergüenza» la contratación de este servicio «sin publicidad y con nocturnidad» tras haber solicitado voluntarios sin remuneración a través de las universidades para realizar el rastreo. El sindicato ha expresado su rechazo en un comunicado: «Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se le ofrece sin pudor a la privada».
A su vez, CCOO ha recordado que los rastreadores deberían haber salido de la Sanidad Pública madrileña y haber contado con un contrato, tal y como se se comprometió el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace ya más de dos meses, antes de comenzar la desescalada.
La resolución, firmada por la directora general de Salud Pública madrileña, Elena Andradas, ha explicado que el contrato se debe a una emergencia y que la empresa Quirón Prevención es la única que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato. La directora general ha añadido que dicha empresa cuenta con las instalaciones y el equipo requerido para realizar esta labor.
El servicio deberá realizarse «con presencia de un profesional sanitario designado a criterio de la Dirección General de Salud Pública en las instalaciones que la empresa adjudicataria ha dispuesto para los trabajos». Además, un supervisor médico designado por la entidad adjudicataria supervisará el trabajo y ejercerá de interlocutor directo con el profesional designado por la Dirección General de Salud Pública, según el contrato.
