La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) ha solicitado al Ministerio de Sanidad que convoque al Consejo Estatal de Familias para trabajar sobre una vuelta segura a las aulas en septiembre.
Lo más importante: en un escrito remitido al departamento que dirige Salvador Illa, los padres de la principal confederación de familias de la escuela pública reclaman que se reactive el citado Consejo, que es un órgano asesor y consultivo que lleva años sin reunirse y podría ser «una herramienta de gran utilidad de cara a organizar una vuelta al cole con las máximas garantías posibles» ante la incertidumbre que impera entre las familias y la comunidad educativa en general.
La Ceapa ha reivindicado el derecho a la educación presencial con las máximas garantías higiénico—sanitarias, así como la existencia de instituciones claras que contemplen los distintos escenarios posibles para una vuelta al cole segura en plena pandemia del coronavirus[contexto id=»460724″].
«Es necesario asegurar las medidas higiénico sanitarias en septiembre, así como el derecho a la educación de todo el alumnado con clases presenciales que garanticen la igualdad de oportunidades frente a la brecha digital y social», ha argumentado la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal. Con este propósito, se han mantenido distintas reuniones con Educación y han participado en la Comisión para la Reconstrucción, donde han trasladado sus propuestas en este sentido.
El Consejo Estatal de Familias, creado en mayo de 2007 e integrado por representantes de la Administración y del movimiento asociativo estatal, ha destacado que entre sus cometidos se encuentra la «formulación de propuestas y recomendaciones sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación» o el «seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la Administración» que afecten a las familias.
La Ceapa, además, ha lanzado recientemente una campaña en redes sociales bajo el título «Por una vuelta segura a las aulas», en la que resume algunas de sus principales reivindicaciones en esta línea: mayor inversión para las escuelas públicas, bajada de ratios para posibilitar la distancia social y una enseñanza más personalizada, enfermería escolar, garantizar servicios esenciales como el comedor escolar, planes de conciliación laboral y familiar, flexibilización y adaptación del currículo, inclusión real de todo el alumnado o caminos escolares seguros para evitar grandes aglomeraciones en las entradas y salidas de los centros.