La Marea de Residencias pide anular el plazo de 45 días para reingresar en residencias

Decenas de miembros de la Marea de Residencias se ha manifestado este miércoles en Madrid para exigir una ley estatal de residencias y pedir al Gobierno regional la «urgente interrupción» del plazo de 45 días para el reingreso de usuarios que salieron de los centros durante la pandemia del coronavirus[contexto id=»460724″].

En contexto: la norma de los 45 días se implantó en 1994 con el objetivo de que personas que se encuentren en lista de espera puedan acceder a una plaza pública. Sin embargo, las personas que han sacado a sus familiares de las residencias durante la pandemia solicitan que se retrase su reingreso en las mismas debido a que consideran que no están preparadas para garantizar la seguridad de los residentes.

Las familias disponían de 45 días establecidos para considerar justificada una ausencia de la residencia con derecho a reserva de la plaza. El plazo comenzó a contar desde el 6 de julio (inicio de la fase 3) y concluye este miércoles.

Por esta razón, la Marea de Residencias ha elegido la mañana del miércoles para concentrarse frente al Ministerio de Sanidad y reivindicar que la máxima autoridad sanitaria del país «tome cartas en el asunto de las residencias a nivel nacional» y que marque unas directrices «claras y concretas» a las autonomías para evitar contagios de coronavirus en estos centros de mayores, grandes focos del virus durante la primera oleada de la pandemia.

Javier Garzón, miembro de la Marea de Residencias, considera «de máxima urgencia impedir que la Comunidad de Madrid siga obligando a las personas que consiguieron sacar a sus familiares de las residencias durante la pandemia a reingresar en la residencia bajo la amenaza de la pérdida de la plaza, ya que la Comunidad de Madrid no puede garantizar la seguridad de los residentes».

Por otro lado, desde la Consejería de Políticas Sociales explican que las familias pueden solicitar una ampliación y se estudiará cada caso. Los miembros de la Marea de Residencias dudan que la consejería cumpla con este compromiso: «No tenemos gente, están buscando rastreadores voluntarios, no se van a poner a estudiar cada caso».

Diferencias en las residencias según el territorio

Por su parte, el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs) ha pedido este miércoles que las residencias de mayores sean tratadas como una «cuestión de Estado» para evitar diferencias entre los distintos territorios y garantizar así la seguridad de las personas que trabajan y viven en ellas. 

La patronal ha explicado en un comunicado que, en comunidades como Cataluña, Extremadura o Navarra, la realización de pruebas PCR a los profesionales de las residencias depende del Sistema de Salud pero que, en Asturias o la Comunidad de Madrid, los trabajadores y trabajadoras no tienen derecho a estos test.

Por ello, CEAPs ha solicitado se impulse la coordinación entre los servicios sociales y Sanidad y que se doten de medios humanos y materiales para responder a los brotes de coronavirus que puedan producirse en los centros.