Las cabinas ya tienen fecha de caducidad: el Gobierno tiene previsto retirarlas en 2021

El Gobierno tiene previsto aprobar en 2021 el anteproyecto de la Ley de Telecomunicaciones, que este viernes ha salido a audiencia pública. Esta ley facilitará la retirada de las cabinas de teléfono y de las guías telefónicas.

En contexto: esta nueva ley contempla suprimir estos elementos como servicio universal de telecomunicaciones obligatorio, según ha afirmado hoy el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez. Las cabinas telefónicas, que comenzaron a instalarse en 1928, ya no son un negocio y cada año el concurso que se ha convocado para prestar este servicio ha quedado desierto. Cada cabina supone un coste medio de 291,3 euros al año, por lo que cada llamada de teléfono registrada sale de media a 2,5 euros.

Actualmente existe una cabina en cada municipio de más de 1.000 habitantes, y está establecido que haya instalada al menos una cabina por cada 3.000, según datos aportados por Telefónica a Efe hace unos meses. Las cabinas registran una media de uso de 0,37 llamadas al día y, de acuerdo con datos de Telefónica, existen unas 15.450 cabinas en todo el país, aunque estas llegaron a sumar las 65.000 a finales de la década de 1990.

La demanda de este servicio se ha reducido drásticamente en los últimos años por la alta penetración de la telefonía móvil. En este contexto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado que se retire la obligatoriedad de este servicio, como ya han hecho Francia, Bélgica y Dinamarca. En otros lugares, como Nueva York, se ha propuesto transformar las cabinas en puntos WiFi gratuitos.

La retirada de cabinas no implica que las zonas rurales se queden sin servicio de telefonía fijo, ha puntualizado el secretario de Estado, que ha afirmado que los ciudadanos de estas zonas dispondrán de otros servicios como los teléfonos públicos.

Actualmente, Telefónica es el operador que presta este servicio, después de que así se le adjudicara nuevamente el pasado diciembre, en virtud de una orden ministerial. El operador llevó la adjudicación de 2018 al Tribunal Supremo, que el pasado julio le dio la razón al sostener que el real decreto dictado aquel año por el Gobierno vulneró la ley, pues debía haberse concedido a través de una licitación pública y no designarse automáticamente.