Un comité de la ONU denuncia a España por negar la educación inclusiva a un niño con síndrome de Down

España ha violado el derecho a la educación inclusiva de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales a pesar de la objeción de sus padres, según ha señalado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) en un comunicado.

En contexto: el caso concierne a un chico llamado Rubén, actualmente mayor de edad pero que tenía 10 años en 2009. Año hasta el que, según la investigación del comité, había mantenido buenas relaciones con sus compañeros de clase y maestros en una escuela de León donde contaba con un asistente de educación especial.

A partir de ese momento, la situación comenzó a deteriorarse. Aunque se denunciaron presuntos malos tratos por parte de su profesor, el alumno mostró dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. El centro educativo, por su parte, calificó en un informe como Rubén contaba con un «retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down». Según el organismo de la ONU, las autoridades españolas «no evaluaron los requerimientos específicos del niño» y «no adoptaron medidas razonables que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria» pese a las obligaciones al respecto establecidas en la convención internacional sobre derechos de personas con discapacidad.

En el mismo informe, el comité ha explicado cómo en junio de 2011 la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial pese a la discrepancia de sus padres. Estos recurrieron, sin éxito, la decisión de las autoridades educativas y denunciaron unos posibles abusos que no fueron investigados. Como respuesta, se elevó el caso ante la organización en 2017. Tras examinar las alegaciones presentadas por ambas partes, la organización ha llegado a la conclusión de que se ha quebrantado el derecho a Rubén a la educación inclusiva. «No parece que las autoridades hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén», ha detallado el miembro del comité, Markus Schefer.

El organismo ha solicitado a España que garantice que Rubén, actualmente en un centro privado de educación especial, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo, que se le conceda una indemnización y se investiguen las denuncias de abuso. También ha instado a la eliminación de toda segregación educativa en estudiantes con discapacidad del país y que se garantice la no persecución penal de los padres de aquellos estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.