El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno de España, por unanimidad, que proceda a la derivación a centros de la península de los inmigrantes que llegan a las islas por vía marítima, a fin de garantizar sus derechos.
Los datos: según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al 15 septiembre, hasta esa fecha habían llegado a Canarias 5.121 inmigrantes en 190 embarcaciones, seis veces más que en el mismo período de 2019 (836). En cambio, las cifras de inmigrantes llegados en patera a la España peninsular y Baleares se han reducido un 38%, de 14.961 a 9.226.
«Canarias no puede convertirse en una prisión», las islas ni son el destino final al que quieren llegar estas personas «ni tiene capacidad para soportar esta presión», ha defendido la diputada de CC-PNC Socorro Beato, que ha promovido este pronunciamiento del Parlamento de Canarias. La propuesta de CC-PNC aprobada ha sido incorporada como enmienda adicional a una proposición no de ley original del PP en la que se pedía la destitución inmediata del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (PSOE), por la gestión de la crisis migratoria. La propuesta de destitución del PP ha sido rechazada con el voto del resto de partidos, excepto Ciudadanos, que se ha abstenido.
Además de la derivación de inmigrantes a la Península, el Parlamento de Canarias reclama al Gobierno de España un plan de acogida e integración de estas personas y que se afronte su llegada «desde el punto de vista social y sanitario con las previsiones suficientes en el marco del protocolo COVID-19». La Cámara regional pide también que se activen mecanismos con los gobiernos de los países africanos de donde salen las pateras y cayucos para la lucha contra los traficantes de personas y que se ayude a buscar «soluciones de vida» a quienes intentan llegar a España en sus propios lugares.
El Parlamento pide además «un sistema de seguridad efectivo que permita la localización de las pateras» al acercarse a las costas canarias para evitar la pérdida de vidas humanas y que el Gobierno de España habilite los espacios que tenga disponibles como alojamientos provisionales. Los grupos también coinciden en que se suscriban convenios con los países de origen o tránsito de la inmigración irregular para la vigilancia y control de los espacios marítimos y piden que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) controle con efectividad las fronteras en la ruta atlántica.