El Consejo de Europa pide incluir el «antigitanismo» en el Código Penal español
Wikimedia Commons
El Consejo de Europa ha insistido este jueves a España para que se incluya el «antigitanismo» en el Código Penal como circunstancia agravante en la comisión de un delito, como ya lo es por ejemplo el antisemitismo.
Por qué es importante: el argumento europeo, que ofrece en un informe elaborado a partir de una visita realizada a España en diciembre de 2019, es que «no ha sido aún reconocido como una forma específica de racismo en el sistema judicial o incluido como factor agravante en el Código Penal» español. Así, el comité asesor para el Convenio para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa considera que se tiene que enmendar el artículo 22.4 del Código Penal para añadir el «antigitanismo explícito».
La respuesta de el Gobierno español, incluida en el informe, es que en ese artículo 22.4 ya aparece la expresión genérica «motivos racistas» o «discriminación referida a la etnia», la cual cubriría el antigitanismo como agravante.
Sin embargo, el comité asesor pide que se adopte una legislación integral contra la discriminación y mejorar la capacidad humana y financiera del Defensor del Pueblo. Por su parte, el Ejecutivo recuerda que ya está elaborando una ley integral de igualdad de trato y contra toda discriminación.
Además, el organismo europeo recomienda «establecer urgentemente un organismo independiente para la igualdad o asegurar que el Consejo para la Eliminación Racial o Étnica sea independiente, con un mandato amplio, recursos suficientes y libertad para elegir a sus miembros»
Sus expertos muestran preocupación por la discriminación hacia el colectivo gitano en el ámbito local y regional en el campo de la educación, el alquiler de vivienda y el empleo. Asimismo, reclaman que los diccionarios oficiales no contengan términos despectivos, que la cultura romaní sea «preservada, promovida y aceptada», y que se reconozca al colectivo gitano como una minoría nacional.
El Gobierno, sin embargo, replica que la Constitución española «no reconoce la existencia de minorías nacionales».
