La Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a 11.013 repartidores de Glovo por considerarlos «falsos autónomos» y exige 16,2 millones de euros por sus cotizaciones a la compañía, que ya ha anunciado que recurrirá.
Por qué es importante: la cifra de 11.013 hace referencia al total de falsos autónomos detectados por la Inspección de Trabajo en 2019 y 2020, tras realizar un total de 30 actuaciones contra la multinacional a raíz de denuncias sindicales y acciones de oficio. Este hecho se enmarca dentro de la actuación de Trabajo contra los falsos autónomos en plataformas digitales, en la que también se ha hallado dicho abuso laboral en Deliveroo, Uber Eats y Amazon. Por el momento, Glovo es la plataforma en la que más falsos autónomos ha detectado la autoridad laboral.
Un portavoz de Glovo consultado por Efe ha precisado que la decisión de Trabajo «no es firme» todavía -por lo que cabe recurso-, y que el volumen de deuda contraído a cuenta de las cotizaciones impagadas es por el momento «sólo una estimación».
El debate sobre si existe relación laboral o no entre repartidores y plataformas digitales de reparto sigue vivo en España. Fue hace casi un mes cuando el Supremo se pronunció en el caso particular de un repartidor que denunció a Glovo, al confirmar que se trataba de un «falso autónomo». Esta sentencia resultaba decisiva a la hora de definir el modelo laboral de los trabajadores de empresas de este tipo.
Con la sentencia de septiembre, el Supremo dejaba claro que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, sino una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. El fallo supuso un hito por tratarse de la primera vez que el Supremo dirimía esta cuestión, ya que en el pasado ha habido sentencias dispares en otros estamentos judiciales de menor rango. Además, el Gobierno prepara actualmente una regulación específica sobre los repartidores. De hecho, este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha dialogado con sindicatos y patronales sobre dicha legislación.