Las familias que se nieguen a vacunar a sus mayores podrán perder la tutela

Los tutores legales de personas mayores incapacitadas que se nieguen a que esos familiares sean vacunados contra el coronavirus se exponen a perder la tutela en caso de que un juez, basándose en criterios de salud, estime obligatoria la vacunación, según la Fiscalía de Sevilla.

En contexto: el primer caso de familiares que rechazan la vacunación de un anciano se ha dado en un geriátrico de Sevilla. El fiscal de Mayores y Protección de Personas con Discapacidad en Sevilla, Sotomayor, sostiene que «si el médico dice que no hay motivos científicos para no vacunar, la decisión del hijo no puede perjudicar al padre».

«Cuando el familiar, el allegado o, en caso de abandono, el director del centro se niega a que el paciente se vacune, existe la Ley de Autonomía del Paciente. Si esa decisión no es acertada, se interviene judicialmente y se obliga a vacunar, pero hay que analizar caso a caso con el asesoramiento de los médicos que tratan a la persona y del forense que lleve la Fiscalía», ha añadido.

Sotomayor ha aclarado que cualquier persona con plena capacidad puede negarse a ser vacunado, pero que la situación cambia cuando la decisión la toma otra persona en su nombre. «Es el mismo caso de menores cuyos padres se niegan a que se les transfunda sangre aunque los médicos digan que es necesario, como ocurre con los testigos de Jehová», ha ejemplificado el fiscal.

Si se presenta cualquier conflicto, «debe prevalecer la salud de la persona», por lo que «si el médico dice que no hay motivos científicos para no vacunar, la decisión del hijo no puede perjudicar al padre».

Si el rechazo familiar persiste, «el director de la residencia o el fiscal, que están legitimados, deberán instar a que se le ponga la vacuna» después de que un juez «entienda que no hay ningún obstáculo» y dicte un auto para forzar esa vacunación, ha continuado, al hilo del caso de Sevilla.

El caso es el siguiente: desde la residencia informaron al fiscal de que los familiares, hijos del paciente, se negaron a rellenar el formulario previo a la vacunación y por tanto no dieron su consentimiento. El fiscal «formalmente» no ha abierto ninguna diligencia informativa respecto a este primer caso de negativa «expresa» a la vacunación y en ningún momento emprendería una investigación penal más allá de la civil, según ha aclarado el representante del Ministerio Público, quien también ha adelantado que tiene noticias de que habrá «más casos similares» en los próximos días.

De hecho, Sotomayor está en contacto con las autoridades sanitarias «para encauzar» el proceso y este martes envió un escrito a la delegada provincial de Salud para pedirle que requiera a todas las residencias información sobre supuestos de rechazo a la vacunación de ancianos incapacitados.