Hostelería de España ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional para solicitar la anulación de la orden ministerial y el acuerdo del Consejo Interterritorial aprobados el pasado 14 de agosto, que recogían nuevas restricciones para el sector de cara a evitar la expansión de la COVID-19.
Más detalles: la patronal ha recordado que a este procedimiento se suman «todos los recursos interpuestos en cada comunidad autónoma contra las medidas adoptadas por los Gobiernos regionales» a partir de ese acuerdo del Consejo Interterritorial, órgano en el que participan el Ejecutivo Central y las autonomías.
Los acuerdos alcanzados a mediados de agosto incluían, entre otras limitaciones, el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas; el límite horario hasta la 1 de la madrugada para bares y restaurantes; y la prohibición de fumar en la calle, incluidas las terrazas, cuando no se pueda respetar la distancia de dos metros.
La demanda -presentada el pasado 15 de diciembre- exige la nulidad de las disposiciones aprobadas entonces y alega para ello «la falta de justificación» de las medidas pactadas en base a argumentos «médicos, científicos y jurídicos para demostrar que no son eficaces, ni idóneas ni proporcionales a las circunstancias de cada territorio», según la patronal. Entre los motivos que sostienen su denuncia, figuran los informes de Sanidad que apuntan a la hostelería como el foco de entre un 2% y un 3% de los casos de COVID-19 aproximadamente, lejos de los porcentajes que presentan el ámbito familiar y laboral, por ejemplo.
«La excesiva criminalización y las medidas restrictivas que viene sufriendo el sector en los últimos meses nos han llevado a una situación límite. Podemos llegar a perder un millón de empleos entre directos e indirectos, actualmente tenemos más de 365.000 trabajadores bajo un ERTE y un tercio de los locales están abocados al cierre por la falta de ayudas», advierten en un comunicado.
