La justicia declara que el Pazo de Meirás es del Estado pero ordena indemnizar a los Franco

La Audiencia Provincial de A Coruña ha declarado que el Pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tras el recurso presentado por los herederos de Franco. Sin embargo, les ha reconocido su derecho a ser indemnizados en los gastos en los que incurrieron desde 1975, tras la muerte del dictador, para conservar el edificio.

Los detalles: la sección tercera de la Audiencia Provincial ratifica que Meirás es propiedad pública, como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el pasado septiembre. En la sentencia, que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco, condena a los herederos a desalojar esas propiedades «dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios».

Eso sí, los jueces descartan «mala fe» en la posesión por parte de los demandados porque nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y «llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

Y «como tales dueños» han sido tratados hasta ahora por la propia Administración, añaden los magistrados, que aclaran que «aunque se diese por cierta la mala fe posesoria en Francisco Franco, no necesariamente se transmite a sus herederos».

Finalmente, consideran acreditado que los herederos del dictador realizaron «múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento» y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron «múltiples reparaciones», y entienden que es «obvio» que si el edificio hubiese estado abandonado durante 45 años «su estado actual sería ruinoso».

Por ello, los magistrados reconocen a los apelantes el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios que realizaron para conservar el inmueble, ubicado en Sada (A Coruña), por lo que la cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

Además, la Dirección General del Patrimonio del Estado había establecido que se pueden entregar a la familia Franco «todos los electrodomésticos» del Pazo de Meirás, así como todos los bienes contenidos en el inmueble«que no estén incluidos en el inventario» realizado por la Xunta. Así se indicaba en un escrito remitido a la abogada general del Estado, el cual especificaba que, en particular, «no procedería la entrega de los fondos bibliográficos y las alfombras y tapices a que hace referencia el inventario».