Amnistía Internacional (AI) ha criticado este viernes la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid de prohibir todas las manifestaciones comunicadas para los días 7 y 8 de marzo[contexto id=»381722″] al estimar que se trata de una «limitación desproporcionada al derecho de reunión pacífica establecido en el Derecho Internacional».
Lo más importante: «Cada petición debe evaluarse individualmente», subraya en un comunicado el director de AI, Esteban Beltrán. Según explica, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que pueden imponerse restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica para proteger determinados intereses legítimos, como la salud pública. Pero, recalca, «las autoridades deben realizar una evaluación caso por caso, que contemple qué medidas pueden adoptarse para prevenir contagios, sin necesidad de prohibir la manifestación en su totalidad».
Beltrán subraya la importancia del derecho de reunión y de participar en el debate público y sostiene que las prohibiciones de manifestaciones o protestas públicas deben ser «una opción de último recurso y solo basada en una necesidad urgente».
«Amnistía Internacional no cuestiona las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de circulación en estos momentos de pandemia. Sin embargo, la organización recuerda que cualquier medida que recorte libertades y derechos humanos debe cumplir estrictamente con el criterio de proporcionalidad y necesidad», destaca.