Escrivá quiere pagar 11.000€ al año a quien retrase su jubilación hasta los 67

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ha planteado que se de un cheque de hasta 11.000 euros –en el caso de pensiones máximas–  o subir un 4% la pensión por cada año de demora a quien retrase su jubilación. El cheque de hasta 11.000€ podría incrementarse un 10% adicional en carreras de cotización largas (más de 44 años y medio) acercándose a los 12.000.

Lo más importante: el objetivo de esta propuesta es impulsar que la jubilación se alargue más allá de la edad legal (66 años) y así –según argumenta Escrivá– «evitar la discriminación por edad y mejorar la tasa de actividad de trabajadores mayores».

La alternativa a los cheques es un incremento del 4% de la cuantía de la pensión inicial por cada año de demora (frente al esquema actual que oscila del 2% al 4%), o una combinación de ambas propuestas.

Desde el Gobierno sostienen que el sistema de jubilación anticipada voluntaria vigente es «regresivo», es decir, favorece a aquellos que cobran pensiones más altas, siendo superiores a 2.100€ las rentas que cobraron uno de cada tres nuevos pensionistas en 2020.

Con esta reforma, según afirma, se elimina esa regresividad, mejorando la equidad, y se incentiva la permanencia en el empleo, con un sistema de penalizaciones decrecientes determinadas de manera mensual, frente al sistema trimestral actual, y «más bajos que los actuales en la mayoría de los casos», ha asegurado.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, Escrivá ha señalado que a los trabajadores que vengan de cobrar el subsidio de desempleo se les aplicará coeficientes reductores y que también se revisarán éstos para rebajarlos y que tengan efecto de forma mensual.

Otra de las medidas para acercar la edad real a la legal de retiro, ha explicado Escrivá, es flexibilizar el uso de la jubilación parcial, limitando al mismo tiempo su abuso.

Así, propone que sólo se pueda concentrar en el primer año hasta el 60% de la jornada (frente al 100% de la actualidad), aunque se permitirá mantener en algunos casos el actual sistema, en el que el trabajador trabaja a tiempo completo el primer año y en el segundo no lo hace en absoluto. Se trataría de casos de actividades peligrosas o que comprometan la seguridad de terceros y siempre que se pacte en el marco de la negociación colectiva.