Sanidad volverá a negociar las restricciones de ocio nocturno y hostelería con las comunidades

El Ministerio de Sanidad buscará alternativas consensuadas con las comunidades a las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles y que entraron en vigor el viernes para «evitar la judicialización del proceso», según Fernando Simón.

En contexto: Sanidad ha tomado esta decisión tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, que ha dado la razón al Gobierno madrileño de Ayuso y suspendido las restricciones –medidas cautelarísimas mediante– en esa comunidad. Madrid presentó un recurso contencioso administrativo contra esas medidas pidiendo su paralización como medida cautelarísima (sin ni siquiera escuchar a la otra parte) para impedir «un daño inmediato, irreparable e insubsanable».

«Si no se pueden aplicar las medidas por motivos judiciales, se buscarán alternativas lo más consensuadas posibles», ha dicho el epidemiólogo, recordando que en el pasado ya se dieron situaciones similares en la que «la posición judicial no coincide con las propuestas que salen de Salud publica o Sanidad». En su opinión, si se logra finalmente el consenso con esas alternativas que garanticen la seguridad suficiente, «los riesgos no serán demasiados».

También Galicia ha avanzado este lunes que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por «invasión de competencias» en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería.

Las restricciones acordadas permiten la reapertura del ocio nocturno hasta las 2, ampliable hasta las 3, en aquellas zonas que estén en los niveles más bajos de riesgo. También establece un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de la 1 ni servir más tarde de las 24 horas, y restricciones de aforo, así como otras medidas para eventos multitudinarios y prohibiciones de fumar y vapear en la calle cuando no se puedan guardar los 2 metros de distancia, entre otras.

La declaración salió adelante con el voto en contra de Madrid, Cataluña, Murcia, Galicia y Andalucía. Euskadi ni siquiera participó en el debate y Castilla y León se abstuvo.